Los funcionarios del Servicio de Seguridad Presidencial entregaron un grupo de materiales a las fuerzas policiales.

El Equipo de Investigación Especial del Cuartel General de la Policía surcoreana no logró allanar la oficina presidencial este miércoles después de que el Servicio de Seguridad Presidencial se negara a cooperar con la investigación sobre la imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol la semana pasada, reportó la agencia de noticias Yonhap.

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Alrededor de las 11H40 (hora local) de este miércoles, el Equipo Especial visitó la sala de información en la Puerta Oeste del Ministerio de Defensa Nacional, que es la entrada a la Presidencia, y anunció la ejecución de las órdenes de allanamiento.

Las discusiones sobre el método de búsqueda e incautación entre el Equipo de Investigación Especial y la Agencia de Seguridad Nacional continuaron durante casi ocho horas, pero se llegó a la conclusión de que las fuerzas policiales recibieran solo una pequeña parte de los datos, entregados arbitrariamente.

El Servicio de Seguridad Nacional surcoreano basó su decisión citando la disposición de la Ley de Procedimiento Penal que dice que “los lugares que requieren secreto militar u oficial no pueden ser confiscados sin el consentimiento del supervisor”.

Al respecto, un miembro del equipo especial de investigación emitió declaraciones frente a periodistas en las afueras de la Casa Azul: “Solicitamos encarecidamente que entremos directamente al edificio de la Oficina Presidencial y realicemos una búsqueda e incautación, pero (el Servicio Secreto) se negó a permitirnos entrar directamente por motivos como el secreto oficial y militar”, y dijo: “Es lamentable”.

El sospechoso que figura en la orden de registro e incautación es el presidente Yoon Seok-yeol y las ubicaciones señaladas por el cuerpo policial abarcaban la Sala del Gabinete de la Oficina del presidente, la Oficina de Seguridad, el Grupo de Seguridad 101 y la sala de control y mando en el sótano del Estado Mayor Conjunto.

Un suceso como este ocurrió de igual manera en 2016 con la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. Tras un escándalo de corrupción, la Policía intentó registrar e incautar la oficina gubernamental y la Casa Azul rechazó la orden por razones de seguridad. En consecuencia, el fiscal especial del caso recibió los datos necesarios del edificio presidencial.        

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