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    Las posesiones de las ministras brasileñas Anielle Franco, en la Igualdad Racial y Sônia Guajajara para los Pueblos Indígenas de Brasil, harán la diferencia en este cuatrienio del Gobierno de Lula da Silva.

Algunos estudios indican que, a comienzos del siglo XVI, había entre 2 a 4 millones de indígenas en más de mil pueblos del territorio brasileño.

Antes del acto solemne, el himno nacional fue cantado en portugués y en lengua originaria, minutos después Sônia Guajajara hizo historia al asumir como la primera ministra indígena de Brasil.

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La primera en jurar su cargo en la ceremonia simbólica lo hizo con los cantos y la danza de la Ema del pueblo indígena terena, en Mato Grosso do Sul, al tiempo que expresó: "¡Nunca más un Brasil sin nosotros!". Así ocurrió al asumir el inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado el 1 de enero de 2023.

Exacerbada durante la gestión del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), muchos pueblos indígenas brasileños mal viven en una "crisis humanitaria".

Por eso Sônia Guajajara, miembro de la etnia conocida como tentehar, uno de los pueblos originarios más lastimados por la violencia -también reconocido por el sobrenombre que la representa, ‘guajajara’- dijo: "Estoy aquí para demostrar que una mujer indígena es plenamente capaz de contribuir con la reconstrucción de la democracia en este país".

Los originarios latinoamericanos

A muchos habitantes de los 800 pueblos originarios latinoamericanos se les ha despojado de sus tierras. ¿Cuánto conocemos acerca de la realidad de los 55 millones de habitantes originarios, que representan un 8,5 por ciento del total de la población de América Latina?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un acto de sobrevivencia, el 52 por ciento de los indígenas ha migrado hacia los centros urbanos. Los han obligado a hacerlo, impulsados por el saqueo de sus tierras, el deterioro ecológico y la violencia.

El 85 por ciento de los descendientes de etnias originarias en Latinoamérica son forzados a laborar en la economía informal, cifra muy superior al 50 por ciento de la proporción del total de la población que trabaja en la región. 

Al evaluar esta realidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que más del 90 por ciento de su población está atrapada en la pobreza, después de una investigación desglosada “por etnia, raza y casta”.  

También son reconocidos mayores sufrimientos en las tribus o castas llamadas "inferiores". En la misma evaluación del PNUD, se comprobó la desventaja social y de acceso a las oportunidades para las mujeres y las niñas, quienes corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica. 

De igual manera, recalcan la invisibilidad estadística sobre los pueblos originarios, dado que sólo ocho naciones cuentan con información étnica por encuestas realizadas en hogares y empleos, frente a los 18 países de América Latina y el Caribe que realizan el pesquisaje. 

Sucede que poblaciones indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe enfrentan desafíos específicos para salir de la pobreza. Sufren limitaciones y rezagos en el acceso a la educación, los servicios de salud y laborales, por lo que definitivamente, entre ellos se manifiestan altas tasas de empobrecimiento.  

De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2020, indicó que eran pobres un 43 por ciento de la población indígena y el 25 por ciento de los afrodescendientes de la región. Las diferencias en la llamada “pobreza multidimensional” por la desventaja social para varios grupos étnicos, son sistemáticamente altas en muchos países. 

Las tasas de pobreza referidas al bajo nivel de vida, la salud deficiente y la educación insuficiente o el nulo acceso a estos derechos humanos -salvo pocas excepciones- son en promedio dos veces más altas que para el resto de latinoamericanos, precisa el reporte “Desigualdad de oportunidades para los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Reparación histórica

Las posesiones de las ministras brasileñas Anielle Franco, en la Igualdad Racial y Sônia Guajajara para los Pueblos Indígenas de Brasil, harán la diferencia en este cuatrienio del Gobierno de Lula da Silva. Además de inclusión -afirmó Guajajara- es un “reconocimiento e inicio de la reparación histórica, la invisibilidad y la negación de derechos”. 

Igualmente, sentenció que estamos en “las ciudades, en las aldeas, en los bosques, ejerciendo los más diversos oficios que ustedes puedan imaginar. Vivimos en el mismo tiempo y espacio que cualquiera de ustedes, somos contemporáneos de este presente y vamos a construir el Brasil del futuro, porque el futuro del planeta es ancestral”, y denunció la invisibilidad secular que impactó directamente en las políticas públicas del Estado, como “fruto del racismo, de la desigualdad y de una democracia de baja representatividad”.

Según el Censo Demográfico -IBGE- del 2010, un 0,47 por ciento de la población total del país es originaria de etnias indígenas. O sea, 896.917 individuos, de los cuales 572.083 viven en áreas rurales y los otros 324.834 en ciudades de la República Federativa de Brasil. Actualmente Brasil, es el séptimo país más poblado del mundo, con más de 215 millones de habitantes.

Es bien conocido que el descalabro sobre las tierras del país suramericano tuvo un macabro escenario durante los años de la pandemia, además del total abandono en términos sanitarios por parte del Gobierno de Bolsonaro hacia las comunidades indígenas. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra, sólo en 2020 se reportó el más alto número de conflictos, registrado en zonas rurales desde 1985.  

“La invasión de tierras —que tenía lugar pese a la legislación que regulaba territorios y derechos— había aumentado un 102 por ciento entre 2019 y 2020, y el 71 por ciento de las familias afectadas eran indígenas. Entre enero y noviembre de 2021, 26 personas habían muerto en conflictos rurales, lo que suponía un incremento del 30 por ciento respecto a 2020; ocho de las personas muertas eran indígenas”, refirió la Comisión Pastoral de la Tierra. 

En el 2021, el movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en la muerte de nativos y la mala gestión de la pandemia de Covid-19. Para el 2021, 1.162 personas de 163 comunidades originarias fallecieron por coronavirus.

Esto se parece mucho al exterminio provocado por las enfermedades traídas por los colonizadores europeos, quienes aniquilaron a la mayoría de la población existente en Brasil. Al no encontrar defensas en los cuerpos de los habitantes originarios, las enfermedades -para ellos invasivas- como la gripe, el sarampión, el coqueluche, la varicela y la tuberculosis, se transformaron en epidemias y arrasaron con poblaciones enteras.

Lo que sucede ahora, en otro tiempo, es que en estos pueblos originarios ya existen personas que saben exigir sus derechos. Tanto es así que unas 6.000 personas ataviadas con coloridos tocados de plumas, fumando sus pipas aromáticas y la representación de sus danzas tradicionales, se manifestaron en el 2022 en la capital, Brasilia. 

Indígenas y descendientes de 176 grupos étnicos intentaron detener la agenda antiindígena que promovía el Congreso Nacional; asimismo manifestaron su oposición a la propuesta “Marco Temporal” a consideración del Supremo Tribunal Federal y que pondría en peligro la demarcación que protege los territorios que habitan. 

Los proyectos de ley, decretos y ordenanzas, intentaron legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que los dejaría sin protección legal. Actualmente, el 14 por ciento del territorio brasileño está demarcado como tierra indígena.

Más que crisis, genocidio

Un punto de giro hacia la justicia social tuvo lugar recientemente cuando, en enero del 2023, el Gobierno de Brasil destituyó a más de 50 funcionarios públicos, de la administración de Bolsonaro, implicados en las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas.

Fue una decisión del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de denunciar los delitos de genocidio y ambientales contra los pueblos indígenas, en especial la reserva de la etnia yanomami.

En ese total de cesados, están 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) del Ministerio de Salud, 43 jefes sectoriales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), entre los cuales figuran 13 militares. Al respecto, se informó que la Policía Federal investigará a todos los niveles, la posible omisión en la contención de esa crisis e implicación probable por parte de funcionarios públicos.

"Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño", publicó en su momento el actual jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Tristemente, por consecuencias de la minería ilegal en la región, 99 niños de entre uno y cuatro años del pueblo yanomami murieron el año pasado por desnutrición, diarrea y neumonía.  

El pueblo indígena yanomami “fue víctima de acciones y omisiones criminales, en una política de Estado orquestada y dirigida para conducir a la aniquilación de esa comunidad”, consignó la denuncia de diputados de varias bancadas. 

Diversidad indígena

A pesar de todo lo que allí acontece, entre la mayoría de los brasileños aún no se reconoce totalmente la diversidad de los pueblos indígenas, que viven situados en aldeas al interior de 726 tierras originarias -porque estaban ahí antes de la ocupación europea- del norte al sur del territorio nacional. 

Algunos estudios indican que, a comienzos del siglo XVI, había entre 2 a 4 millones de indígenas en más de mil pueblos del territorio brasileño. Todavía constituye un gran baluarte que 256 pueblos hablen más de 150 lenguas diferentes.

La colonización impuesta por los portugueses al llegar al Brasil fue sobre costumbres de un territorio que ya existía. El gentilicio ‘brasileiro’ se refería inicialmente a los que comerciaban aquella madera descubierta en una cierta ‘isla de Brazil’, de donde extraían el ‘palo brasil’.

Los artesanos empezaron a usar aquel colorante rojo extraído de la madera. En Génova se le llamó “brazi”, como también al tronco de donde se sacaba. En España ya fue conocido como palo brasil o palo de Fernambuco y en Portugal, definitivamente como pau-brasil. 

Cuando escuchamos la frase “pueblos indígenas en Brasil”, es porque sus habitantes se asentaron identificados con una colectividad, desconociendo fronteras políticas demarcadas posteriormente.

El equívoco histórico de llamar indios a los nativos tiene que ver con los primeros colonizadores, quienes al llegar a las Américas creían estar en la India. Otros usan la denominación amerindios para los pueblos indígenas de las Américas.

Antiguamente, en Brasil se les decía silvícolas -“quienes nacen o viven en las selvas”- lo que resultó totalmente inapropiado, cuando se trata de toda la comunidad fundada en relaciones de parentesco y vecindad con lazos históricos y culturales precolombinos.

Entre los estudiosos se refiere la imposición portuguesa a la grafía de los nombres de los grupos nativos. Puntualmente fue prohibido el uso de letras como w, y, k. Igualmente, letras como la sh, no existen en portugués. 

También sucedió con la obligatoriedad de escribir las denominaciones étnicas en minúscula. Citamos, por ejemplo, yanomami y los ianomâmis. Aquí se veta también la flexión por género, resultando en una transformación parcial al portugués.

Además, han sido víctimas de violencia desde los contactos iniciales con la población no indígena. La presencia de los madereros, mineros y hacendados, diezmó en un 75 por ciento a la población de los rikbaktsa, en el estado de Mato Grosso. Igualmente sufrieron la oposición armada de los seringalistas, década de 1950-1960.

Aunque no siempre fue así. En contraste, los kadiwéu recuerdan con orgullo su participación en un acontecimiento histórico, donde lucharon a la par de otros habitantes brasileños en la guerra del Paraguay. 

Actualmente, es muy variada la manera en que cada pueblo se inserta en la sociedad brasileña.

Brasil es el único país que tiene un órgano específico para desarrollar políticas de protección a los pueblos aislados. Actúan en la Amazonía brasileña, donde por los relatos verbales, se confirma la existencia de esos grupos. A veces se conoce por otros nativos y habitantes de las cercanías, quienes narran esos encuentros fortuitos. Algunos resolvieron huir y aislarse frente a nuevos contactos, por el sufrimiento que le provocaron estas relaciones.

Podríamos citar algunas comunidades con pocos miembros: en la región de Tanaru, en su momento, con la existencia de un único hombre sobreviviente. O los kanoê del Río Omerê con menos de cinco; también los akuntsu en el estado de Rondônia; a los zo’é en estado de Pará o a un pequeño grupo korubo, localizado en el Vale do Javari, estado de Amazonas, entre muchos otros ejemplos. Hasta ahora, no hay datos del año en curso.

El pueblo indígena más numeroso es el guaraní, con 51.000 integrantes en su momento, sin embargo, han perdido prácticamente la totalidad de su territorio. 

El equipo

Otro hecho trascendental es que por primera vez una mujer indígena asume la presidencia de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), creada en Brasil en 1967, como órgano que desarrolla políticas relacionadas con pueblos nativos en situaciones vulnerables. La actual líder es la abogada Joenia Wapichana, también la primera mujer indígena en ejercer esta profesión en Brasil.

Joênia Batista de Carvalho, más conocida como Joênia Wapichana, nació en 1974 en la comunidad indígena Truaru del estado de Roraima. En 2008 hizo un alegato oral en el Supremo Tribunal Federal, con un caso que garantiza la demarcación del área continua del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima.

Aún queda mucho por hacer, aunque desde ahora los pueblos indígenas de Brasil celebran el fin de la angustia. También se sumó al equipo creado por el Gobierno de Lula, como la nueva ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, defensora de la Amazonia que lucha en contra de la deforestación y es ganadora del premio medioambiental Goldman.

A nivel mundial, se estima que el 80 por ciento de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas. “Nosotros, los indígenas, somos como las plantas. ¿Cómo podemos vivir sin nuestro suelo, sin nuestra tierra?”, nos recuerda la lideresa indigenista Marta Guaraní.


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