El futuro de Brasil con Bolsonaro: ¿Cuáles serán sus primeras medidas? 

Jair Bolsonaro tomó de posesión de su mandato este 1 de enero en Brasil y se abren las expectativas sobre el futuro del país con este retorno de la ultraderecha.

Durante su campaña electoral, Bolsonaro dio una gran cantidad de anuncios polémicos, como la persecución a sus opositores y quitar los derechos a la comunidad LGBTIQ. También hizo comentarios racistas y misóginos. 

Pero los expertos coinciden en que el nuevo presidente tendrá como principales objetivos sus ambiciones de "cambios económicos" y dar un giro radical a la política exterior.

Economía y trabajadores

Los primeros meses de Gobierno de Bolsonaro estarán marcados por la agenda económica. Actualmente, en Brasil hay 12,2 millones de desempleados. Pese a que cayó 3,9 por ciento respecto al trimestre anterior, la mayor parte de esos puestos pertenecen al mercado de trabajo informal.

Bolsonaro tiene una ruta económica basada en tres objetivos: Reducir la inversión social, privatizar empresas estatales y disminuir derechos de los trabajadores. En gran parte, se trata de continuar las políticas del Gobierno de facto de Michel Temer.

En Brasil, hay 147 empresas estatales. Bolsonaro "ya ha dejado claro que la joya de la corona, la empresa petrolera Petrobras y los bancos públicos los dejará para el final; no hay que tener prisa para no gastar energía y capital político, las privatizaciones pueden empezar por empresas menores", explicó el investigador del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas, Marcel Balassiano.

Por otro lado, el mandatario buscará reducir la deuda pública un 20 por ciento, mediante el recorte de la inversión social, reducción del tamaño del Estado y una oleada de privatizaciones. 

Así como crear un sistema privado para la jubilación por capitalización, paralelo a la cotización pública.

Además, reducirá los derechos de los trabajadores aún más que su antecesor, Michel Temer,  al radicalizar la ya vigente Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT), ampliamente rechazada en la nación.

Porte de armas 

El pasado 29 de diciembre, Bolsonaro anunció que tras asumir su cargo firmará un decreto que facilite los trámites necesarios para adquirir y poseer armas de fuego a los ciudadanos brasileños que no cuenten con antecedentes penales. 

El nuevo presidente tiene como una de sus principales metas reformar el Estatuto de Desarme, que regula el porte de armas. Según Bolsonaro cada ciudadano tiene derecho a poseer un arma y a ejercer su derecho de "legítima defensa".

La propuesta de Bolsonaro choca con la realidad brasileña, donde 63.880 personas fueron asesinadas solo en 2017, es decir, 175 muertes diarias, un tres por ciento más que el año anterior. 

Asimismo, Bolsonaro aboga por "proteger" jurídicamente a policías que comentan crímenes durante "el ejercicio de su actividad profesional". Los oficiales tendrían licencia para matar.

Política exterior

Desde que empezó la transición hacia su Gobierno, Bolsonaro dio a conocer su política internacional, mediantes anuncios e, incluso, las primeras acciones en esta materia como el encuentro del 28 de diciembre con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

El equipo de Bolsonaro explicó que Brasil priorizará los nexos bilaterales y abandonará espacios multilaterales como Mercosur y BRICS. 

Su principal política exterior será gravitar más hacia Estados Unidos y alejarse de China, siendo este último el principal socio comercial de Brasil. Esta decisión podría profundizar la crisis económica, aseguran expertos. 

Además, el mandatario ya anunció su alineación con la política de ataque a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, mediante la ruptura de lazos diplomáticos y medidas unilaterales.

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No más tierras para los indígenas

Según el programa de electoral de Bolsonaro, su gobierno no entregará "ni un milímetro más de tierras indígenas". También planea revisar y revocar las concesiones hechas en gobiernos anteriores.

Además, las invasiones a propiedades privadas, rurales y urbanas, serán consideradas terrorismo. Por lo tanto, las "personas sin tierra" que ocupan edificios deshabitados podrán enfrentar hasta 30 años de cárcel.