Texas enfrenta una crisis evitable, con más de 540 casos de sarampión concentrados en comunidades con bajas tasas de vacunación, los cuales revelan el fracaso de políticas sanitarias que privilegian recortes sobre prevención.

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Los fondos federales para inmunización llevan años congelados, mientras el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., figura antivacunas, retira millones destinados a programas clave. Por otra parte, algunos legisladores en Texas y otros estados, promueven leyes que facilitan no vacunar, situación que agrava la emergencia sanitaria.  

Mientras tanto, Katherine Wells, directora de Salud en Lubbock, advierte que la falta de enfermeras y campañas de concientización por falta de presupuesto, dejó a comunidades vulnerables. Ante esto, el condado Gaines, epicentro del actual brote, solo vacunó al 82% de sus niños, muy por debajo del 95% necesario para inmunidad colectiva.

En Texas el 2019 hubo un brote de Sarampión con 71 casos, sin fallecidos. Se estimó que cada caso le costó más de U$47mil al estado (3 millones en total)
Este 2025 ya sobrepasan los 700 casos, 2 niños fallecidos y 57 hospitalizados.
La vacuna cuesta U$2.6
https://t.co/UhliFpaOjO

— Christian Garcia ???? (@ChrisGarciaCL) April 14, 2025

La subfinanciación de clínicas rurales y la escasez de personal sanitario, obligan a familias a viajar horas para vacunarse, como ocurre en el condado Andrews.

Venezuela recibió 30 mil dosis de vacunas contra la poliomielitis provenientes de Cuba https://t.co/k1EK0zaBaR

— Cubainformación.tv (@cubainformacion) April 6, 2025

Por cada dólar no invertido en vacunas, el sistema gasta cientos en tratar enfermedades prevenibles, pero la lógica capitalista, prioriza el recorte inmediato sobre el bienestar futuro. En este caso, Texas destina solo $17 per cápita a la salud pública, uno de los montos más bajos del país, mientras el Congreso aprueba menos de la mitad de lo que estiman necesario para programas de inmunización.

Los $125 millones recortados por Kennedy en pleno brote texano, revela una estrategia calculada en reducir las necesidades de los ciudadanos; mientras 23 estados demandaron al gobierno federal para proteger sus programas de salud. En Washington, clínicas móviles que aplicaron 16.000 vacunas, fueron canceladas y Connecticut rompe 43 contratos con centros locales.

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