Líderes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y de organizaciones sociales y sindicales de Panamá anunciaron un programa de lucha en rechazo a la Ley 462, de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), a cuya promulgación se oponen por considerar que beneficia a poderosos grupos económicos y no a los sectores humildes.

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Durante una conferencia de prensa trascendió que este domingo, a partir de las 15H00 hora local, las organizaciones reanudarán sus movilizaciones y se congregarán en la denominada Cinta Costera, en Ciudad de Panamá, acción de calle que se complementará con una interacción en redes sociales para divulgar las razones de esta lucha.

El miércoles 26 de marzo se llevará a cabo un piqueteo-volanteo a partir del mediodía y de manera simultánea en diferentes puntos del país, en tanto que convocan a una marcha abierta el jueves 27, con punto de salida en el Parque Porras, en la ciudad capital, a partir de las 16H00.

Esta marcha ampliará su convocatoria a sectores y comunidades afectados por la Ley 462, por el intento del Gobierno de José Raúl Mulino de reabrir la mina de cobre de la trasnacional First Quantum, el alto costo de la vida, los embalses del río Indio y las amenazas a la soberanía nacional.

El sábado 30 de marzo se realizará una reunión nacional de dirigentes para discutir futuras acciones de lucha.

Líderes presentes en la conferencia valoraron que en estos momentos el pueblo es víctima de diversos problemas provocados por la ausencia del Estado, que sirve a los intereses de los poderosos y no a los trabajadores.

Recalcaron que la lucha es de todos e invitaron al pueblo panameño a unirse a las movilizaciones. Las protestas han contado con significativo apoyo de integrantes de gremios diversos, entre ellos los docentes y los trabajadores de la construcción.

Este viernes se realizó una huelga de advertencia de 24 horas contra la Ley 462, que contó con amplio respaldo y dejó saldo de un grupo de trabajadores y jóvenes detenidos en diferentes puntos del país por las fuerzas policiales.

La Ley 462 incrementa en tres años la edad jubilatoria, dispone la privatización de la CSS y permite que sus fondos sean entregados a los bancos y empresas administradoras de pensiones.

A juicio de los sindicatos, la oferta de pensiones será insuficiente y condenará a muchos panameños a vivir en condiciones de pobreza. En paralelo, señalan que no solo resultarán afectados los trabajadores actuales sino que se pondría en riesgo el futuro de las próximas generaciones.

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