El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, intensificó en su discurso por los 100 días de su segundo mandato, los ataques contra los migrantes y Venezuela, vinculando al extinto Tren de Aragua con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y justificando deportaciones masivas, militarización y nuevas sanciones.

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En este sentido, las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil venezolanas denuncian la criminalización de los migrantes y advierten sobre las consecuencias humanitarias.

En el discurso, el presidente Donald Trump redobló su agenda antiinmigrante de línea dura, colocando a Venezuela y al grupo criminal Tren de Aragua, que fue desmantelado hace tiempo por las autoridades venezolanas, como centro de su narrativa.

Las declaraciones de Trump, difundidas por fuentes de izquierda y progresistas, revelaron una estrategia de deportaciones masivas, maniobras judiciales y sanciones económicas que, según sus detractores, amenazaron los derechos y la seguridad de los migrantes, a la vez que profundizan la crisis humanitaria de los venezolanos en Estados Unidos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de cientos de venezolanos, muchos de ellos sin el debido proceso, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Grupos de defensa venezolanos denunciaron estas acciones como una violación del derecho internacional y un peligroso precedente para criminalizar la migración. Datos oficiales confirman que una parte significativa de los deportados no tenía antecedentes penales ni vínculos comprobados con el extinto Tren de Aragua, lo que expone la arbitrariedad de esta política.

El Gobierno de Trump calificó al desaparecido Tren de Aragua de «organización terrorista extranjera», comparándolo con Estado Islámico y los carteles mexicanos.

Como parte de su política contra Venezuela, Trump anunció nuevos aranceles, penalizando a cualquier país que comercie petróleo o gas con la nación sudamericana. Esta escalada, justificada por la supuesta afluencia de «criminales violentos», es vista por muchos analistas como un castigo colectivo para empeorar la situación en Venezuela y aislar a su población. La medida forma parte de una estrategia más amplia para presionar al Gobierno del presidente Maduro, al que Trump acusa de orquestar una «invasión criminal» de Estados Unidos.

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