Más de 600.000 niños inmigrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin un padre o tutor legal desde 2019.

Después de que la administración estadounidense suspendiera los servicios jurídicos a niños migrantes no acompañados, el Gobierno de Donald Trump retomó la medida el pasado viernes como parte de su plan para ampliar la deportación masiva del país norteño.

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La suspensión de servicios jurídicos a los niños migrantes sin compañía fue divulgada el pasado martes, y pretendía que los menores debieran representarse a sí mismos en cortes de inmigración contra abogados del gobierno sin siquiera contar con una orientación adecuada sobre sus opciones legales.

El hecho de restablecer el programa jurídico por parte del Gobierno estadounidense se produce tras una fuerte movilización de activistas y ciudadanos convocados por el Acacia Center for Justice (Centro Acacia para la Justicia), quienes en tan solo unos días enviaron más de 15.000 cartas al Congreso solicitando la restitución de estos servicios.

Dicho programa, financiado a través de un contrato de 200 millones de dólares, permite que Acacia y sus subcontratistas proporcionen representación legal a unos 26.000 niños, además de ofrecer formación jurídica a otros 100.000 más.

El programa se financia mediante un contrato de cinco años, pero el gobierno puede decidir al final de cada año si lo renueva o no. La fecha límite para la decisión de este año es marzo.

De acuerdo con datos del Gobierno, más de 600.000 niños inmigrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin un padre o tutor legal desde 2019.

Asimismo, solo el 15 por ciento de los inmigrantes en septiembre pasado, incluidos los niños no acompañados, tenían un abogado que los ayudara en los casos de un Tribunal de Inmigración cuando se emitió una orden de deportación, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

Todo ello forma parte de la política de “tolerancia cero” promovida por el mandatario estadounidense durante su primer mandato, y que aún continúa, que condujo a la separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera.

De este modo, los niños eran enviados a refugios infantiles administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia gubernamental que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que sus padres eran detenidos o deportados.

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