El Gobierno de Venezuela responsabilizó al denominado «Tren de la USAID», liderado por María Corina Machado, Juan Guaidó y Leopoldo López, de promover una campaña para «estigmatizar negativamente» a los migrantes venezolanos, tras el traslado de 238 connacionales a centros de detención en El Salvador bajo acusaciones de una supuesta vinculación con el crimen organizado.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó categóricamente el uso de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 por parte de EE.UU., que facilita la deportación masiva y, según Caracas, criminaliza a los venezolanos en el exterior.

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Durante su programa Con Maduro +, el presidente Maduro denunció que la «falsa narrativa» sobre la presencia del Tren de Aragua en EE.UU. fue creada por la «ultraderecha» para justificar políticas migratorias represivas. «Es una campaña para estigmatizar a una migración que fue una válvula de escape ante las sanciones impuestas a nuestro país», afirmó.

El jefe de Estado insistió en que esta organización criminal fue «combatida y acabada» en Venezuela, desvinculándola de los migrantes actuales. Para el mandatario «la migración venezolana es resultado de las sanciones, no de la delincuencia», subrayó.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, amplió las acusaciones al señalar que Machado, Guaidó, López y otros opositores de extrema derecha como Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio y David Smolansky operan una «red de tráfico de personas» en la frontera entre México y EE.UU.

«Utilizaron la migración como negocio, aprovechándose del bloqueo económico que empujó a muchos venezolanos a emigrar», declaró Cabello durante una rueda de prensa.

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Machado, Guaidó, López, Borges, Ledezma y compañía mantienen un «silencio sepulcral» y cómplice ante el atropello que sufren estos 238 venezolanos. EE.UU. los deportó bajo el «paraguas» de la polémica Ley de Enemigos Extranjeros y, sin atender sus derechos humanos, fueron enviados a El Salvador, donde fueron internados en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT), una cárcel de máxima seguridad.

La Ley del Enemigo Extranjero y el traslado a El Salvador

El Ejecutivo venezolano condenó la aplicación de la ley estadounidense de 1798, calificándola de «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos», tras conocerse el traslado de los 238 venezolanos al CECOT en El Salvador. Este movimiento se produjo pese a una orden judicial federal en EE.UU. que suspendió las deportaciones bajo este marco legal, cuestionado por organizaciones humanitarias como un «abuso de poder».

El sábado 15 de marzo, el presidente Donald Trump invocó la Ley del Enemigo Extranjero para acelerar la expulsión de migrantes acusados de integrar el Tren de Aragua, afirmando que EE.UU. enfrentaba una «invasión de criminales» de esta pandilla, a la que vinculó con el éxodo masivo de venezolanos. Sin embargo, horas después, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal por 14 días, bloqueando cualquier deportación basada en esa norma.

En su fallo, Boasberg argumentó que la ley —diseñada en 1798 para responder a amenazas bélicas— no aplica al caso. «Los términos invasión e incursión depredadora se refieren a actos hostiles de una nación, comparables a una guerra, no a flujos migratorios», sentenció.

La decisión judicial desnudó la contradicción en el discurso de Trump, quien había descrito al Tren de Aragua como una «organización transnacional» expandida en nueve países, pese a que Caracas ratifica en haberla erradicado. Para Venezuela, este episodio es la instrumentalización de una «narrativa falsa» para justificar medidas represivas contra los migrantes venezolanos.

La denuncia se alinea con el rechazo emitido este 16 de marzo por la Cancillería venezolana, que acusó a EE.UU. de «persecución sistemática» contra sus migrantes mediante medidas como la expropiación de bienes y la amenaza de separación familiar. Caracas insiste en que estas acciones, junto al traslado de presos a El Salvador, forman parte de una estrategia para «despojar y segregar» a su población, en lugar de abordar las causas económicas de la migración.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para frenar lo que considera un «ataque contra la dignidad de América Latina».

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