Venezuela: cae la narrativa de los “presos políticos”
María Corina Machado, la principal líder de la derecha extremista venezolana, utiliza la narrativa de supuestos «presos políticos» para intentar mantener en pie su campaña de deslegitimación contra el Gobierno de Venezuela. | Foto: EFE
18 de noviembre de 2024 Hora: 11:39
El Gobierno venezolano refuta categóricamente las acusaciones de persecución política y asegura en base a pruebas expuestas que los detenidos tras los disturbios poselectorales son responsables de delitos documentados. Recientes liberaciones y testimonios desmienten las denuncias de malos tratos.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que confirmaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, se desató una ola de violencia en distintas regiones del país.
Los disturbios dejaron más de 25 muertos, 192 heridos y múltiples daños a la infraestructura pública, entre ellos la quema de 250 módulos policiales y el ataque a hospitales y centros de distribución de alimentos.
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Frente a estas acciones, el Ministerio Público informó sobre detenciones de personas implicadas en estos hechos, calificándolos como “actos terroristas”.
Sin embargo, sectores de oposición, liderados por María Corina Machado, han denunciado estas detenciones como persecución política y han utilizado informes de ONG para sostener una narrativa de supuestos “presos políticos”.
Como se repite en la historia reciente de Venezuela, este discurso es reproducido y amplificado por la mediática internacional con el objetivo de mellar la legitimidad del gobierno bolivariano, tal como lo han demostrado filtraciones de Wikileaks en el pasado.
Sobre el respeto a los derechos humanos
El pasado sábado 16 de noviembre, fueron concedidas 225 medidas sustitutivas de pena de acuerdo con el artículo 285 de la Constitución de la República, por las cuales una importante porción de los implicados fueron liberados.
Esta acción se realizó, de acuerdo al fiscal, en base a exhaustivas investigaciones ante nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales como producto del trabajo mancomunado del Ministerio Público y el Poder Judicial.
@nucleonoticias "No es fácil lo que vivimos adentro, pero fue un aprendizaje", dijo uno de los excarcelados de la Cárcel de Tocorón en el estado Aragua Edgar Alexis Murillo, privado de libertad y originario de Punto Fijo, este sábado #16noviembre fue excarcelado luego de permanecer más de tres meses en un centro penitenciario. A su salida de la Cárcel de Tocorón aseguró: "No es fácil lo que vivimos adentro, pero fue un aprendizaje", Entre lágrimas y con indignación narró lo que vivieron tras los barrotes. #Aragua #Tocorón #excarcelado ♬ sonido original – NúcleoNoticias
Edgar Alexis Murillo, quien permanecía detenido en la Cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, afirma en un video donde se lo muestra en un encuentro con familiares de los retenidos que el trato recibido por los custodios fue adecuado: «No me puedo quejar de Aragua, los custodios nos trataron bien. Al principio fue difícil, pero fue para enseñarnos a valorar las cosas. Nadie nos tocó, eso sí lo puedo decir. Nadie.»
El liberado también señaló que durantesu tiempo en el penal: «Nunca nadie nos dijo: ‘Tú eres preso’. Nos trataron como alumnos. Nos dieron libros, palabra de Dios, de todo, nos atendieron.»
Acusaciones de detenciones de «niños»
Otras de los señalamientos expresados por la líder de las facciones de extrema derecha, María Corina Machado, fue el del apresamiento de menores de edad.
Al respecto, Saab explicó aseguró que en el país “no hay niños detenidos”, sino que hay “adolescentes de 16 y 17 años que han confesado que fueron utilizados para ocasionar estos actos de violencia”.
En este contexto, criticó la actuación de las grandes cadenas de noticias, las cuales no abordan la detención, enjuiciamiento y condena que reciben niños en países como Israel y Reino Unido.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro también subrayó que los menores de edad involucrados en los disturbios han sido tratados bajo las normativas de justicia juvenil y no en instalaciones militares, como asegura la oposición.
“A los jóvenes se les aplica la ley con respeto a sus derechos, pero sin permitir la impunidad”, explicó el mandatario en su programa Con Maduro+.
En tanto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello llamó a la reflexión: “¿Dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos fueran a la calle a guarimbear? ¿Dónde estaban ellos? Ahora los malos somos nosotros (…) ¿Por qué no tuvieron la previsión de evitar que sus hijos participaran en ese tipo de actividades violentas? ¿Se van a preocupar ahora de sus hijos en una campaña que tienen montada?”.
Recordó que las personas detenidas se grabaron a sí mismas quemando centros de salud, módulos policiales, así como golpeando a funcionarios policiales y a personas “por parecer chavistas”, tras lo cual expresó que en el país no puede haber impunidad como ocurrió en años anteriores a la Revolución Bolivariana.
“Ha salido un grupo y los padres tienen que firmar una caución. Es más, el Estado los obliga a que se preocupen de sus hijos, cuando un padre debe preocuparse por sus hijos sin que nadie los obligue. A ese extremo hay que llegar, que el Estado los obligue a preocuparse por sus hijos”, acotó.
El Foro Penal y el entramado de ONGs
La narrativa de los «presos políticos» surge a partir de un informe de la ONG Foro Penal, una organización con trayectoria en este tipo de acciones y con probados vínculos con entidades extranjeras como parte de una estrategia más amplia para desestabilizar gobiernos no alineados con los intereses de Estados Unidos.
Según un cable filtrado por WikiLeaks, durante el período 2004-2006, la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó millones de dólares para fortalecer organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, entre ellas Foro Penal. Estas acciones se enmarcaron en un plan de cinco pasos que incluía dividir al chavismo, proteger intereses estadounidenses y aislar al país internacionalmente.
El informe detalla que la USAID canalizó recursos hacia ONG como Freedom House, que a su vez respaldó financieramente a Foro Penal y a otras organizaciones similares con un monto superior a los 15 millones de dólares.
Foro Penal ha jugado un papel clave en construir una narrativa internacional contra el gobierno venezolano. Informes de esta organización han sido utilizados por entidades como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada en su momento por Michelle Bachelet.
Sin embargo, se ha cuestionado la fiabilidad de dichos informes, dado que en muchos casos se basaron en datos no verificables y en testimonios filtrados por redes sociales. Esta práctica ha sido parte de una estrategia más amplia para acusar al Estado venezolano de violaciones a los derechos humanos, siguiendo directrices delineadas en los planes desvelados por WikiLeaks.
La politización de ONG como Foro Penal no es un fenómeno aislado. Según el cable diplomático filtrado, este tipo de organizaciones se han utilizado históricamente como herramientas de intervención indirecta en países donde Estados Unidos busca influir. En el caso de Venezuela, estas tácticas se intensificaron tras el fracaso del golpe de Estado en 2002 y han evolucionado para incluir campañas mediáticas, cabildeo internacional y acusaciones legales ante organismos internacionales.
En tanto, el fiscal general, Tarek William Saab, ha presentado material audiovisual y documentos que muestran a los detenidos participando en actos violentos organizados. “El Ministerio Público tiene 260 videos que documentan la acción de estos grupos criminales. Nuevos videos que muestran lesiones graves a funcionarios del Estado”, manifestó el fiscal. Y detalló que estos videos “muestran la verdad de unas acciones que en cualquier lugar del mundo tendrían la condena unánime del 100% de la población”.
En la misma línea, Saab informó que entre los delitos investigados se encuentran cuatro homicidios catalogadas como crímenes de odio. “En Venezuela no hay presos políticos ni menores encarcelados injustamente; lo que hay son personas que cometieron delitos graves y fueron judicializadas conforme a la ley”, enfatizó el fiscal en rueda de prensa.
Autor: Nicolás Hernández - teleSUR
Fuente: Wikileaks - Ministerio Público de Venezuela - teleSUR - Misión Verdad