Venezuela denuncia ley de EE. UU. que criminaliza migrantes como «enemigos extranjeros»
La Cancillería insistió en que la crisis migratoria es consecuencia del «bloqueo criminal a nuestra economía» por parte de Gobiernos occidentales, en un intento de «cambio de régimen». Foto: VTV.
16 de marzo de 2025 Hora: 12:01
El Gobierno venezolano anunció que activará «todos los mecanismos de protesta en lo diplomático, jurídico y político» para defender a sus connacionales, mientras insiste en que la aplicación de la ley de 1798 constituye un «delito de lesa humanidad».
Venezuela calificó como «anacrónica, ilegal y violatoria de los derechos humanos» una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el 14 de marzo, que aplica la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 para criminalizar a los migrantes venezolanos.
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La cancillería sostiene que la migración venezolana es «pacífica y trabajadora», integrada mayoritariamente por «mujeres y hombres dignos y honestos, no terroristas ni criminales».
El comunicado denunció que la medida «evoca los episodios más oscuros de la historia, desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis», y responsabilizó a figuras opositoras como María Corina Machado y Leopoldo López de impulsar políticas «que estigmatizan y persiguen» a su población en el exterior.
El documento también rechazó la «expropiación de bienes personales, cuentas bancarias y negocios» de migrantes en EE. UU., así como la «amenaza de secuestro de menores de 14 años» bajo acusaciones de vinculación con grupos terroristas. «Nunca en la historia se había llegado al extremo de calificar a niños como criminales por ser venezolanos», también condenó la persecución en «lugares de trabajo, colegios, iglesias y hospitales».
La Cancillería insistió en que la crisis migratoria es consecuencia del «bloqueo criminal a nuestra economía» por parte de Gobiernos occidentales, en un intento de «cambio de régimen». Sentenció que «esta ley viola la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye un delito de lesa humanidad».
El texto oficial subrayó que esta orden hace parte de un «plan sistemático» de sanciones impulsado desde Washington, iniciado en 2015 con el decreto de Barack Obama que declaró a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria». Acusó a sectores de la oposición venezolana de operar una «red criminal de coyotes» que explota económicamente a migrantes, y aseguró que existen «pruebas en manos de organismos estadounidenses» para demostrarlo.
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El Gobierno bolivariano hizo un llamado urgente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la ONU para «denunciar esta acción aberrante», advirtiendo que «no es solo un ataque contra Venezuela, sino un precedente peligroso para la región». Reiteró que el éxodo venezolano es consecuencia del «bloqueo criminal» occidental y exigió el cese de medidas que «segregan y despojan masivamente» a su población.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la llegada de 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua y 23 integrantes de la MS-13, trasladados a cárceles de máxima seguridad en El Salvador bajo un acuerdo con Washington. Bukele destacó que el convenio —que incluye una cuota pagada por EE. UU.— contribuirá a financiar su sistema penitenciario, actualmente con un costo anual de 200 millones de dólares.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza el nuevo intento de vincular a su población migrante con el crimen organizado, alineado con lo que califica como «persecución ilegítima» impulsada por medidas coercitivas impuestas por EE. UU.
Para Venezuela, este tipo de acuerdos bilaterales —donde detenidos venezolanos son tratados como mercancía carcelaria— reflejaría la misma lógica de reducir a sus connacionales a «criminales por ser venezolanos», incluso cuando se trata de casos específicos de delincuencia, por lo que reclama un enfoque basado en derechos humanos y critica la «instrumentalización política».
Autor: teleSUR - DRB
Fuente: Gobierno de Venezuela
