El Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores venezolano, calificó de «ilegal e ilegítima» las acciones emprendidas por el magistrado argentino.

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes de modo contundente la acción que presentó contra Nicaragua el juez argentino Ariel Lijo, específicamente contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otros funcionarios del Gobierno de esa nación centroamericana, en lo que se evidencia es una operación de lawfare.

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Por medio de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores venezolano, calificó de «ilegal e ilegítima» las acciones emprendidas por el magistrado argentino, a la vez que recalcó que se trata de una «ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas», lo cual «demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención».

«Tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos», precisó el documento que ha sido divulgado en las redes sociales de la Cancillería venezolana.

En ese sentido, Venezuela rechaza el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, por tratarse de «una maniobra que viola los principios fundamentales de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en el derecho internacional».

Asimismo, la Cancillería reitera el compromiso de Venezuela con el pueblo y el Gobierno nicaragüense, en su lucha por la defensa de la soberanía, la justicia social y la autodeterminación.

«Alzamos nuestra voz junto a las naciones libres del mundo para rechazar cualquier intento de intervención disfrazada de legalidad», afirma el texto.

En esta jornada, el abogado argentino Darío Richarte, promotor de un juicio contra el presidente Daniel Ortega, anunció en redes sociales que, tras cerca de dos años y medio de investigación, el juez Ariel Lijo emitió una solicitud de captura internacional contra el mandatario nicaragüense, la vicepresidenta Rosario Murillo y funcionarios del Gobierno de esa nación por presuntas violaciones a los derechos humanos.

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