Abogados salvadoreños en representación de 27 de los ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —la polémica megacárcel de El Salvador— exigieron al gobierno de Nayib Bukele y a las autoridades estadounidenses transparencia sobre las condiciones de sus representados. 

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La solicitud, presentada ante la Licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y el Viceministerio de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, detalla que ninguno de sus representados tienen ningún tipo de antecedente penal y establecen una serie de siete exigencias para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, cuya detención es denunciada como «arbitraria y sin debido proceso».

Los detenidos fueron deportados desde EE.UU. bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (1798), una norma del siglo XVIII reactivada por la administración Trump, en un operativo que un juez federal calificó de «insuficientemente justificado» y que actualmente se debate en el Tribunal Supremo de Justicia por pedido de la administración Trump.

Las exigencias

1. Visitas profesionales al CECOT
   Los abogados solicitaron acceso inmediato al centro penitenciario para verificar las condiciones de detención, citando informes previos de organizaciones humanitarias que documentan hacinamiento, tortura y muertes en instalaciones similares.
2. Información médica
   Exigen un reporte detallado del estado de salud de cada detenido, incluidos tratamientos médicos. Preocupan casos de enfermedades crónicas o contagiosas en un recinto conocido por su falta de atención sanitaria.
3. Acceso legal confidencial
   Piden entrevistas privadas con los detenidos, un derecho reconocido en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Protocolos de seguridad
   Requieren conocer las normas disciplinarias del CECOT, tras denuncias de castigos colectivos y uso excesivo de la fuerza.
5. Situación legal
   Solicitaron clarificar si los venezolanos están sujetos a procesos judiciales en EE.UU. o El Salvador, ya que muchos fueron deportados sin cargos formales.
6. Comunicación con familias
   Demandan habilitar canales de contacto con familiares o consulados, algo restringido en el CECOT, donde no se permiten visitas.
7. Certificados de antecedentes penales
   Adjuntaron 27 certificados que acreditan la ausencia de condenas previas en Venezuela, cuestionando la base legal de su detención.

El traslado de los venezolanos se enmarca en una política migratoria de EE.UU. usada para deportar a migrantes sin procesos individualizados. El juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente los vuelos, pero la administración Trump los reanudó, argumentando «seguridad nacional«.

Los deportados fueron enviados al CECOT, un centro diseñado para pandilleros bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, criticado por violaciones sistemáticas a derechos humanos. Familiares denuncian que los venezolanos fueron seleccionados por perfiles raciales —»tatuajes y nacionalidad»— sin pruebas de vínculos criminales.

Desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro condenó las deportaciones como un «secuestro masivo«. Naciones Unidas, por su parte, solicitó que se le permita investigar si las condiciones en el CECOT equivalen a tortura o tratos crueles. 

En tanto, en EE.UU., organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) preparan demandas ante la Corte Suprema, alegando que la Ley de Enemigos Extranjeros no aplica a civiles no combatientes.

«No hay terroristas aquí, solo migrantes criminalizados sin juicio», señala la solicitud del bufete de abogados salvadoreños. El caso podría sentar un precedente sobre el uso de leyes históricas en políticas migratorias y la responsabilidad de terceros países —como El Salvador— al albergar deportados en condiciones inhumanas. Mientras, los 27 venezolanos siguen aislados, en un limbo donde, como resume un familiar: «Los trataron como mercancía peligrosa, no como personas«.

De atender la presentación judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador debería asumir la tarea de investigar y, en caso de confirmar que los venezolanos están recluidos sin cargos, podría ordenar su liberación o, al menos, su traslado a un centro con condiciones más humanas. 

Mientras tanto, el caso revela cómo las políticas migratorias de EE.UU. y las medidas de «mano dura» de Bukele se intersectan en una crisis de derechos humanos. Para las familias, el tiempo apremia: «Solo queremos saber si están vivos», dijo una madre desde Caracas.

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