El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, es acusado de manipulación de testigos, lo que conlleva a los delitos de soborno y fraude procesal.

Las víctimas del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe exigen que el juicio transcurra sin más dilaciones, dado que este martes el Tribunal Superior de Bogotá anunció que se retomará el caso el próximo miércoles, luego de rechazar una tutela de la defensa del exmandatario contra la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia.  

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De acuerdo al corresponsal de teleSUR en Bogotá, Hernán Tobar, es la primera vez que un expresidente colombiano asume un juicio en su contra, acusado de soborno a testigos y fraude procesal.

Este juicio inició hace siete años y aún no se ha resuelto. Esto debido a que el exmandatario contaba con alianzas jurídicas, hasta el punto de prescribir la investigación para dilatar el proceso de acusación en su contra.

El pasado lunes se retomó el juicio oral contra Uribe después de que ofreciera argumentos difamatorios sobre la inequidad del proceso penal con respecto a la defensa de las víctimas, alegando que se trata de un “juicio político”.

La Fiscalía de Colombia retomó el testimonio del senador Iván Cepeda, quien es declarado víctima y testigo de declaraciones de paramilitares desde las cárceles, y que expresaron que temen por sus vidas.

Todo el proceso penal empezó en septiembre de 2014 durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Para apoyar sus acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.

Uribe fue acusado de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que enfrentó de manera sanguinaria a las guerrillas y dejó miles de civiles muertos.

Por su parte, el exmandatario respondió a la acusación de Cepeda con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en su contra y lo acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.

Luego de investigar el caso durante varios años, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda en 2018, y abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.

Luego de que Uribe renunciara dos años después a su escaño de senador y, de esta manera, su caso pasara a la justicia ordinaria, la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

No obstante, la situación cambió este año cuando el fiscal Gilberto Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado. El funcionario jurídico afirmó que, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios, había motivos para acusar a Uribe.

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