La combinación de una campaña electoral agitada y el aumento de la violencia contra funcionarios electorales presenta un panorama inquietante para los estadounidenses.

A menos de dos semanas de las elecciones del 5 de noviembre, la campaña presidencial estadounidense atraviesa una fase marcada por la intensidad de la contienda política y un preocupante aumento de la violencia electoral. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald J. Trump libran una batalla ajustada por el voto indeciso en siete estados clave, mientras el Departamento de Justicia lidia con una escalada de amenazas contra funcionarios electorales.

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La carrera electoral, inusualmente reducida para los demócratas tras la retirada del presidente Biden en julio y la nominación oficial de Harris en agosto, mantiene un ritmo frenético. De acuerdo con The New York Times, el candidato Trump encabeza la actividad de campaña con 47 eventos y 64 apariciones mediáticas, mientras Harris ha participado en 38 eventos y 31 apariciones en medios. Sus compañeros de fórmula, el gobernador Tim Walz de Minnesota y el senador JD Vance de Ohio, mantienen también una intensa agenda con 38 y 40 eventos respectivamente.

En paralelo a la actividad política, el Departamento de Justicia ha debido intervenir ante una escalada de violencia que ha evolucionado de simples amenazas telefónicas y mensajes de texto a tiroteos y atentados. Esta semana, el Grupo Especial sobre Amenazas Electorales (ETTF) ha procesado cuatro casos graves que ilustran la magnitud del problema.

En Colorado, Teak Brockbank, de 45 años, se declaró culpable de amenazar de muerte a funcionarios electorales, mientras que, en Alabama, Brian Jerry Ogstad, de 60 años, recibió una condena de 30 meses por amenazar a trabajadores electorales del condado de Maricopa.

La situación se agravó con el caso de Richard Glenn Kantwill, un dentista de 61 años de Tampa, Florida, acusado de enviar más de 100 amenazas racistas a figuras públicas a través de redes sociales y correos electrónicos. En Pensilvania, John Pollard, de 62 años, fue acusado de amenazar con «despellejar» y matar a un representante partidista que reclutaba observadores electorales.

«A medida que nos acercamos al día de las elecciones, la advertencia del Departamento de Justicia sigue siendo clara: cualquiera que amenace ilegalmente a un trabajador, funcionario o voluntario electoral se enfrentará a las consecuencias«, advirtió el Fiscal General Merrick Garland.

La gravedad de la situación quedó subrayada anteriormente con el ataque a una oficina de campaña del Partido Demócrata en Arizona y la colocación de una bomba en un juzgado de California. Ante estos hechos, el director del FBI, Christopher Wray, expresó su preocupación: «El hecho de que los trabajadores electorales deban preocuparse por su seguridad es incomprensible e inaceptable«.

La combinación de una campaña electoral agitada y el aumento de la violencia contra funcionarios electorales presenta un panorama inquietante para los estadounidenses a medida que se acerca la jornada electoral del 5 de noviembre.

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