El subdirector de la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos, Jorge Santos, indicó este domingo que lo que se ha podido ver en el país durante la jornada electoral, son personas que sufragan con la esperanza de poner punto final a la situación de corrupción que ha llevado a una de las mayores crisis del país.

Con relación a la situación de la nación, el analista explicó que debido a la resistencia de los pueblos frente a la imposición de algunos procesos, “durante los últimos tres años ha habido una escalada de violencia y ataques sistemáticos en contra de quienes defienden los derechos humanos”.

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Asimismo, resaltó que estos ataques se incrementaron desde el pasado 16 de abril, a raíz de las primeras capturas por el caso de “La Línea”, cuando se convocaron las manifestaciones del 25 de ese mismo mes, que fueron el punto inicial de la ola de protestas para exigir las reformas necesarias en el país.

“A partir del 25 de abril hay una emergencia de defensores de derechos humanos”, dijo en entrevista exclusiva para teleSUR, en el marco de las elecciones generales en Guatemala.

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Santos añadió que desde ese momento empezó a crecer todo el movimiento social, sin embargo, consideró que esa manifestación del pueblo, requiere de mayores esfuerzos de articulación para continuar en su lucha.

“Porque la crisis es tan profunda que efectivamente es necesario que el movimiento se mantenga hasta alcanzar las reformas necesarias”, apuntó.

El defensor de los derechos humanos lamentó que el sistema electoral guatemalteco no de lo suficiente para convertirse en una salida, por lo que es inminente las grandes manifestaciones de los ciudadanos en las calles, para que presionen al Congreso y convoque los cambios legales necesarios.

“Los ciudadanos en las calles están incidiendo para que el Congreso convoque las transformaciones legales que se requieran. Las instituciones públicas, el organismo judicial y el organismo ejecutivo deben empezar un proceso de depuración, que ojalá nos lleve a la discusión de un nuevo pacto y contrato social que debería plasmarse en una nueva Constitución de la República”, finalizó.

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