El Gobierno de México informó este martes que impugnará la resolución en la que se impuso la prisión domiciliaria a ocho de los 16 militares asociados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

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"Nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador (Jesús Murillo Karam) y la Fiscalía hace lo propio, pero hay una actitud del poder judicial tendenciosa", subrayó, en conferencia de prensa el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia, el mandatario mexicano rechazó las protestas que tuvieron lugar en la capital mexicana el pasado 13 de mayo, donde presuntos alumnos de la Normal de Ayotzinapa, lanzaron petardos contra las fuerzas del orden público, frente al Palacio Nacional, donde cerca de 26 personas resultaron heridas.

En este sentido recalcó “son actos de provocación. Vinieron un grupo de estudiantes y maestros a tirar bombas aquí, a Palacio, y se fueron. También con el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos y, entonces, tengan elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones".

Asimismo, denunció los intentos por parte de sectores de la oposición, para culpar al Gobierno de las acciones que asume la Justicia en ese país e intentar atacar al Ejecutivo mexicano, en medio de los preparativos de las elecciones generales.

De acuerdo con el mandatario, lo que se quiere es encontrar a los jóvenes. "Se ha insistido mucho en que el Ejército no quiere dar información y eso es falso. El Ejército ha entregado toda la información sobre el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, ya hay intereses que han utilizado esta narrativa, muy difundida, por cierto, pero falsa, y se puede probar", precisó.

La jueza Federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo del Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, otorgó un cambio de medida cautelar a los militares, después de discurrir que no hubo elementos de prueba, modificando la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cambio de que paguen 100.000 pesos y acudan a firmar cada 15 días ante el juzgado.

Además, se les impuso la obligatoriedad de entregar su pasaporte, la prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas o testigos.