Perú abre investigación por muertos en protestas antigubernamentales
Del total de investigados, 285 son miembros de las fuerzas del orden policial y 39 del orden militar.
La Fiscalía de Perú presentó este martes un informe donde se investiga a 324 personas debido a los 50 muertos y a las heridas causadas a 716 ciudadanos durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo de 2023.
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“El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, ha iniciado 62 investigaciones en contra de miembros de la fuerza del orden policial y militar”, apunta el Ministerio Público en un boletín compartido en su sitio oficial.
De esa cifra, 56 de carpetas fiscales han sido decretadas como "complejas", mientras que 11 han sido formalizadas. El resto se encuentran en diligencias preliminares. Del total de investigados, 285 son miembros de las fuerzas del orden policial y 39 del orden militar.
�� Accede al boletín informativo de la actuación fiscal del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. #EFICAVIP
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 28, 2024
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Los cargos, según la información, incluyen “la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, tortura agravada, lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad”.
“Del total de 62 investigaciones fiscales, que involucran a 766 agraviados (50 fallecidos y 716 lesionados) y 324 investigados, el 90,3 por ciento (56) han sido declaradas complejas, mientras que, el 9,7 por ciento se consideran simples”, añade el informe.
Por otro lado, el ente judicial peruano detalla que la difusión de este documento persigue “comunicar el avance de las investigaciones de competencia” del Equipo Especial de Fiscales en lo que refiere a los casos con víctimas durante las protestas sociales.
Particularmente, la Fiscalía intenta evidenciar el desarrollo del proceso judicial tras las manifestaciones que comenzaron luego del fallido autogolpe de Estado durante la presidencia de Pedro Castillo.
Desarrolladas al sur de la nación suramericana, estas protestas exigían “la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones, entre otras demandas”.
Ante el sensible proceso judicial, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena ha prometido que existirá "periodicidad semestral" del avance de toda la investigación.