La Corte Suprema del país centroamericano concluyó el martes que las inspecciones en archivos militares son legales.
Por cuarta ocasión la Fuerza Armada de El Salvador impidió que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán, a 169 kilómetros de San Salvador), Jorge Guzmán y el equipo de peritos verificara los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote cometida en 1981.
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Guzmán y el grupo de expertos llegó este miércoles por la mañana a la Brigada de Artillería de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, donde les fue negado el ingreso.
En el lugar, una oficial le comunicó al juez que el presidente Nayib Bukele había hecho entrega de los documentos requeridos, aunque Guzmán informó que ningún documento supuestamente desclasificado por Bukele había llegado a su juzgado.
#ElSalvador’s Armed Forces once again denied hand over information on the 'El Mozote' massacre, which was carried out by the Army against nearly a thousand citizens in 1981.https://t.co/vK377SqHYk
— teleSUR English (@telesurenglish) October 13, 2020
Guzmán recordó a la Fuerza Armada que debe someterse a las órdenes judiciales. Insistió además en que la investigación en curso tiene como centro a las víctimas.
La masacre de El Mozote y cantones aledaños es considerada la peor en la historia del hemisferio occidental y una de las más sangrientas cometidas durante el conflicto armado (1980-1992) en este país.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de 1.000 pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador.
Según datos ofrecidos por el Estado salvadoreño en 2017, del total de masacrados 553 eran menores de edad.