La privatización de sectores estratégicos de la economía de Colombia inició en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y continuó con fuerza durante el de César Gaviria  (1990-1994) y los siguientes.

En el período de Gaviria es donde se aprueban las leyes 142 y 143, que dieron paso a la privatización de los servicios públicos y a la entrada del capital extranjero para que administrase estos recursos. Las posteriores administraciones continuaron con la doctrinia neoliberal y vendieron bancos, empresas eléctricas, carboníferas y hasta el agua a precios muy por debajo de su valor real.  

El proceso tomó más fuerza entre 1998 y 2006, producto a su vez de la crisis de los países asiáticos, cuando Colombia inició una “recuperación financiera”, para intentar mitigar las pérdidas del Estado a través de fusiones y la venta de sus empresas básicas.

En 2003, se dio la venta de  acciones de Ecopetrol, proceso  que se inició en con la oferta del 10 por ciento del capital de la empresa estatal a particulares. En el segundo proceso de privatización que se produjo en el mes de agosto 2011, se vendieron acciones por 2.4 billones de pesos, con una compra promedio de 10 millones de pesos por persona natural.

Dos años después, se privatiza el Banco Granahorrar por 970.000.000 millones de pesos colombianos (unos 518 mil dólares en la época actual), lo compra la trasnacional financiera española Banco Bilvao Viscaya Argentaria (BBVA). "Yo no podría estar más contento", dijo en esa oportunidad Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda del ultraconservador presidente Álvaro Uribe.

La venta de este banco representó un balance negativo para Colombia, equivalente al 0.102% del PIB respecto de la relación costo-beneficio. Sin embargo se mitigó un efecto negativo mayor si se hubiera vendido al precio base de la subasta, pues representaría una pérdida para el Gobierno estimada en el 0.28% del PIB respecto a la relación costo-oportunidad.

Sólo entre 1990  y 2000 Colombia desnacionalizó más de 75 empresas de varios sectores: financiero, textil, cementero, fertilizantes, servicios públicos, entre otros. La excusa para justificar la venta de un país, es el supuesto bajo rendimiento del Estado para administrar la industria, la banca y los servicios públicos.

La salud 

La ley 100, vigente en Colombia dese 1993, y su reforma en 2007, supusieron la privatización operativa del sector de salud, al quedar en manos del Estado sólo los servicios médicos de las capas más vulnerables de la población y depender el resto de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Las EPS son empresas privadas que aseguran a la población.  Ellas no prestan servicios de salud, sólo garantizan que sus clientes, es decir, el pueblo colombiano, sea atendido en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), es decir los hospitales, clínicas, ambulancias y laboratorios.