Los últimos sucesos en Brasil han logrado diseminar una serie de titulares escandalosos en los grandes medios de comunicación de la región.

Las denuncias de corrupción contra el ex presidente brasileño Lula Da Silva y el pedido de “impeachment” contra la actual presidenta Dilma Rousseff, dejan ver una despiadada estrategia de la derecha por ensuciar y envolver a los líderes sudamericanos, que redujeron drásticamente la pobreza en sus países, bajo un manto de sospechas y de traición a sus pueblos.

Esto es claro, se desarrolla una serie de acciones sistemáticamente diseñadas para destruir el posicionamiento que tienen en la mente de la sociedad los líderes políticos, que se han destacado en el avance y devolución de derechos sociales que estuvieron durante décadas vulnerados.

La movilidad social y el empoderamiento de los pueblos juega en contra de los principales objetivos de las grandes corporaciones, o como fueron llamados por los presidentes sudamericanos, “el poder real”. Ese poder que en nefastas décadas pasadas usaba la fuerza como herramienta, la desaparición física de las personas y la tortura para eliminar las ideas de empoderamiento social. Pero en el presente usan otros métodos para eliminar ideologías de justicia social, atentan contra los derechos sociales con otro tipo de armas. Ellos son los medios de comunicación y el poder judicial, cómplices en la difusión de falacias que intentan instalar en la conciencia pública para generar el repudio social hacia políticos que defienden los derechos de la misma sociedad trabajadora. Éstos ataques de la derecha no se limitan a “desaparecer” de la vida política a líderes populares que estorban sus negocios, sino que van mas allá, es un plan aún más ambicioso, se trata de un“remake” del Operativo Cóndor de “desideologización” de la sociedad, que es la desaparición del pensamiento social, el direccionamiento de la opinión publica, prácticamente la lobotomía social.

Ahora volviendo a la Argentina, es curioso ver la reacción de algunos sectores que se muestran escandalizados por las noticias que llegan desde Brasil respecto a las acusaciones en la Justicia brasilera contra la presidenta Rousseff y el ex presidente Lula Da Silva. Es llamativa su falta de indignación, teniendo en cuenta queArgentina ostenta un presidente procesado que acumula 214 denuncias en su contra.

Sobre Macri pesan presentaciones que le adjudican la comisión de “estafa y asociación ilícita”; “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”; “enriquecimiento ilícito”; “falsificación de documentos públicos” y “amenazas y abandono de personas”.

Pero todas estas denuncias judiciales al parecer no son dignas de escándalo para determinados sectores de la sociedad Argentina, que sólo es capaz de escandalizarse con lo que sucede en países vecinos, o con algún político progresista que desean borrar. En fin, no es más que la hipocresía de los sectores dominantes del país y los efectos de la lobotomía social que en Argentina ya dio sus primeros resultados positivos.