Convertidas en una especie de campos de concentración modernos, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son una triste habitualidad en las cárceles argentinas; la tortura, el hacinamiento provocado por la superpoblación en los pabellones, la utilización de reclusos para robos y delitos orquestados por la propia policía (fuerza donde los focos de corrupción son una moneda corriente y sus vínculos con el narcotráfico y la trata de personas un hecho palpable), son solo algunos de los casos a los que es sometida la población carcelaria.

Por otro lado, los altos índices de reincidencia delictiva son una muestra clara del fracaso rotundo del sistema vigente. Lejos de centrarse en la reinserción social y la oportunidad genuina de ofrecer una alternativa a la situación marginal que origina el ingreso a la delincuencia, las políticas de mano dura acrecientan los índices de violencia y fomentan la estigmatización de la pobreza.

Malena García forma parte de la agrupación Atrapamuros, expresión militante que participa solidariamente en distintas unidades penitenciarias de la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires). Su testimonio es muy importante para comprender mejor el estado vigente dentro de las cárceles bonaerenses.

¿En qué consiste Atrapamuros? ¿Cómo nació y qué tipo de actividades realiza?

Es un colectivo que realiza distintos trabajos vinculados a la educación en contexto de encierro. Hacemos talleres en siete Unidades penales de la ciudad de La Plata y un instituto de menores, con temáticas muy amplias que van desde hacer una revista hasta el lenguaje corporal. Lo que tienen en común es que los hacemos desde la educación popular, entendiéndola no como una herramienta de trabajo sino como una perspectiva política sobre la realidad. Tiene que ver con valorar y aprender a partir de experiencias que están deslegitimadas en la educación formal, donde se supone que hay una persona que tiene el saber, y por ende el poder y la autoridad, y otras que no. En los talleres se busca establecer relaciones no jerárquicas, planteando que todos/as tenemos algo para enseñar, que el aprendizaje siempre es colectivo y también pensando a partir de las experiencias que nos atraviesan directamente en un contexto. Por ejemplo, cuando entrás a la cárcel te imaginás un montón de cosas, pero quizás no imaginás que está tan instalado el discurso de que si estás en la cárcel es porque es tu culpa, porque podrías no haber robado y sin embargo robaste. Bueno, nosotros trabajamos desde esa realidad, que es pensar dónde estamos parados, y la complejizamos para ver cómo llegamos hasta acá, para ver cuánto hay realmente de elección personal y cuánto incide el contexto en el que uno/a vive cuando empieza a robar, qué razones influyeron, qué desigualdades sociales, qué injusticias hubo antes. Los talleres son una parte fundamental de nuestro trabajo, pero también hacemos otras cosas, como una revista anual. Al mismo tiempo, entendemos que la realidad de la cárcel es imposible de transformar sin un proyecto integral de cambio en toda la sociedad, y por eso formamos parte del movimiento popular Patria Grande.

¿Cuánto hace que militas y por qué decidiste acercarte a dicho espacio?

Muchos nos acercamos a militar en las cárceles porque es un territorio que está muy invisibilizado y criminalizado, por los grandes medios de comunicación y la sociedad en general. Primero hay muy poca información sobre lo que sucede adentro, y al mismo tiempo es algo sabido que es un lugar donde se violan los derechos humanos cotidianamente. Y esa combinación habla de un gran desinterés social por la situación. Creo que tiene que ver con la incapacidad de ser indiferentes y el compromiso que sentimos de aportar desde nuestro lugar para cambiar la realidad. Nosotros entendemos que la cárcel no sirve, en primer lugar porque el encierro no puede solucionar el problema de la delincuencia, porque no ataca el problema de raíz, que serían las razones que llevan a una persona a delinquir. Y en segundo lugar porque si fuera así no habría un porcentaje tan alto de reincidencia como el que tenemos. Para lo que sí sirve la cárcel es para mantener el orden social que impone el capitalismo, que necesita de excluidos para funcionar. Entonces se persigue, se margina y se encierra a una misma clase social. No es casualidad que las cárceles estén llenas de pobres, y que se persiga al delito chico como los robos callejeros, en lugar de perseguir a quienes cometen los grandes delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas.

¿Cuál es la realidad de la población penal en la unidad donde ustedes participan?

En primer lugar, la inmensa mayoría de la población carcelaria pertenece a los sectores populares, y más de un 60% de la población está en prisión preventiva, es decir que todavía no se los encontró culpables de un delito. Después, la mayoría de las cárceles en Argentina están superpobladas. Esto provoca muchas situaciones de violencia, porque si encerrás ocho personas en una celda con lugar para tres es muy claro que la convivencia no va a ser fácil. Es común que haya situaciones como que los pibes se turnen para dormir en el piso, porque los colchones no alcanzan. También, suele haber pocas opciones para la recreación y el entretenimiento. Las personas que acceden a la educación son muy pocas en relación a la población de la Unidad, y las que lo hacen tienen muchas dificultades para estudiar. A esto se le suma las lógicas de individualización y desconfianza que genera la cárcel. El Servicio Penitenciario usa los traslados de cárcel a cárcel como un método sistemático de tortura para que las personas tengan que hacer nuevos vínculos con las personas continuamente, además de lo que implica para su familia y para la misma persona no saber lo que le va a pasar o a dónde va a ir. En la cárcel no se respetan los derechos básicos, como el acceso a la salud. Muchas veces no hay insumos ni profesionales capacitados, o directamente no hay atención médica, y así se mueren presos y presas por enfermedades que en realidad son curables. A veces parece una obviedad, pero hace falta decir que cuando una persona cae presa sólo pierde su derecho a la libertad ambulatoria, no a los demás derechos que tiene. Otra cosa que sucede tiene que ver con el autogobierno del Servicio Penitenciario, y con la gobernabilidad que mantiene en las cárceles a través de la tercerización de la violencia. Esto quiere decir que no siempre ejercen la violencia ellos, sino que buscan que las situaciones violentas se den entre los presos. Por otro lado, y como contracara de todo esto, existen muchas experiencias de organización y resistencia dentro de la cárcel.

¿Qué te genera cuando determinados medios de comunicación, ligados en su mayoría a posiciones conservadoras, buscan asociar la militancia en las cárceles con el clientelismo?

Creo que es una reacción lógica de los medios de comunicación que defienden los intereses de los grandes poderes, porque es una militancia que molesta y que amenaza el modelo de sociedad que pretenden mantener. A nosotros no nos pagan por ir a la cárcel, lo hacemos por la convicción de que es un lugar donde hay mucho por hacer. Y en cierto punto, si los grandes medios nos felicitaran por nuestro trabajo, nos despertaría algunas sospechas. Sobre todo porque nuestro trabajo no consiste en aportar a que la cárcel sea un lugar más habitable o menos desagradable, sino en cuestionar realmente su existencia misma y evidenciar su ineficacia para reducir la brecha de desigualdad social. Después, los grandes medios buscan instalar ideas muy estigmatizantes sobre las personas privadas de su libertad, como cuando dicen que un preso no tiene derecho a cobrar un sueldo, o a cobrar lo mismo que un trabajador en libertad. Cuando en realidad todo trabajo debe ser remunerado, de lo contrario no es trabajo sino esclavitud.

Numerosas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado el hacinamiento y maltrato físico que existe en los centros penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué reformas consideras necesarias para mejorar la situación existente?

Es difícil imaginar cómo se puede mejorar un lugar como la cárcel, que está pensada para generar esa violencia. Incluso cuando escuchás el famoso ‘‘que se pudran en la cárcel’’ también evidencia las condiciones degradativas que se pretende que tenga la cárcel. Sí puede ser un lugar donde no se violen los derechos humanos, pero pensarlo así tiene sus limitaciones porque el encierro en sí mismo, el aislamiento de los vínculos con la sociedad también daña muchísimo la subjetividad de una persona. En este sentido, las organizaciones populares, a muy grandes rasgos, tenemos dos responsabilidades. La primera tiene que ver con poder pensar un modelo alternativo a la cárcel, y ser creativos para pensar y construir las políticas de seguridad que hacen falta, tanto antes del delito como después. Desde lo simbólico, que es disputar el sentido de la ‘‘seguridad’’, para que no se asocie con la policía sino con cuestiones como, por ejemplo, la vivienda digna; hasta hechos más concretos como discutir qué policía tenemos y cómo podemos superar ese modelo. Y la segunda es contribuir a que este debate no quede entre intelectuales, entre las organizaciones, sino que fundamentalmente puedan discutirlo quienes viven la situación en carne propia, los sectores populares que son quienes transitan estas instituciones, los privados y privadas de su libertad.