El Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Fernando Ulloa, entregó  nuevos antecedentes sobre su denuncia de tráfico de drogas, que involucra al Gobierno  y al Alto Mando de la PDI.

Ulloa, dio a conocer una carta oficial, enviada por el gabinete de su Excelencia el Presidente de la República de Chile, Sebastián PiñeraEchenique, que acredita que el Gobierno sabía de la denuncia del Inspector.Extrañamente, y en vez de iniciar una investigación independiente, remitió los antecedentes a los mismos denunciados, es decir,  al Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile.

Con esto, el Presidente confiesa que  encubrió una compleja cadena de protección de una red de narcotráfico internacional, que, según fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, tiene por finalidad desestabilizar al gobierno del Presidente de Ecuador,  Rafael Correa .
El 26 de Mayo del 2011, a las 12:30 hrs, el Inspector Fernando Ulloa, la Diputada Mónica Zalaquet y dos abogados, entre ellos el conocido jurista, Aldo Duque, llegaron hasta el Palacio de la Moneda. Fueron citados  para reunirse con el entonces Ministro del Interior, actual Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con el fin de entregar una  carpeta con antecedentes sobre tráfico de drogas. En este ilícito, participaban altos jefes de la policía, entre ellos, el actual Prefecto Inspector de Arica, Luis Carreño, a esa época,  jefe del Departamento Quinto de Investigaciones. En la ocasión, el Ministro del Interior recibió los documentos  ”mostrando aparente preocupación”. Instruyó, a los denunciantes, no hablar con la prensa y otorgarle cuatro días para resolver la situación.

Las “medidas” de Hinzpeter

Al finalizar la conversación, Hinzpeter llamó a un funcionario del Ministerio del Interior.Le ordenó comenzar una investigación, además de  compartir los antecedentes con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Este último, es otra autoridad chilena vinculada a Estados Unidos. Es decir, que recibía órdenes directas del agente norteamericano, Stanley Stoy, para realizar una serie de montajes que buscaban criminalizar y generar un clima de caos en el país, para aplicar una brutal política de represión. Entre ellos, el “Caso Bombas” y el fraude procesal en contra del joven paquistaní, Saif Khan, quien fue vinculado, sin pruebas,  a la red terrorista internacional Al-Qaeda. Fue “retenido” ilegalmente, en la embajada de EEUU, para posteriormente ser detenido por el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, mientras agentes de la PDI allanaban su casa, sin orden judicial.
La carpeta, con todos los documentos,  demostraba que el Alto Mando de la PDI, coordinaba una operación de tráfico de más de 200 kilos de cocaína, traída desde Bolivia, para ser vendida en Chile, Europa y Estados Unidos. La droga era ingresada por el paso Colina y tenía por fin generar recursos ilícitos para “boicotear” la democracia ecuatoriana y pagar un “bono de desempeño y lealtad” a los agentes de la PDI,  respecto de la Central de Inteligencia Americana.
Los cuatro días, mencionados por Hinzpeter, se transformaron en  meses. El Inspector Ulloa, en el intertanto, fue desligado de su institución, siendo hasta hoy víctima de constantes hostigamientos,  amenazas e injusticias. El funcionario todavía no conoce su decreto “oficial” de baja y no recibe ninguna jubilación.
El 23 de diciembre del 2012, luego de haber pasado 12 meses desde su denuncia, Ulloa le escribió directamente al Presidente de la República, para conocer el destino de la misma. Desde el Palacio de La Moneda, le respondieron con fecha 28 de Diciembre –casualmente el día de los inocentes. Le señalan que sus presentaciones fueron reenviadas al mismo Alto Mando de la PDI, al que Ulloa había cuestionado, exponiendo así la  integridad del denunciante y la de su familia.
Además de aceptar que recibió la denuncia, Piñera reconoce que, durante más de un año, ha mantenido la carpeta original de la investigación.
Uno de los abogados de Ulloa, Nelson Caucoto Pereira, ha pedido la devolución de los antecedentes en reiteradas ocasiones.
La intervención de Caucoto,  le otorga otro perfil  a este caso.  Está ligado a la defensa de las víctimas de los crímenes del terrorismo de Estado, impuesto en Chile por el General Augusto Pinochet, gracias al “gentil auspicio” de la Central Americana de Inteligencia.  Este abogado sabe que estamos frente a una operación encubierta, del mismo tenor que las  promovidas entre 1970 a 1973.  Mediante estas tácticas, pagaron a partidos políticos opositores a Salvador Allende, a camioneros, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, como el Mercurio – de propiedad de Agustín Edwards Eastman, para provocar el Golpe de Estado en Chile.
Aunque la carta, enviada por la Presidencia, fue emitida el  28 de Diciembre, no fue entregada, al Inspector Ulloa, hasta el 5 de enero del presente año. Se destapaba, de esta manera,  la olla de grillos, coincidentemente  con la estancia en Ecuador del director de este medio, Patricio Mery Bell, quién, personalmente, traspasó los datos  al Canciller Ricardo Patiño, sobre la compleja red montada por la CIA ,desde Chile, para atentar contra el proceso democrático de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa.