Cuatro mujeres presentaron su testimonio en el seminario “Violencia política: las transgresiones de los derechos políticos de las mujeres”, organizado por autoridades electorales a propósito del 62 aniversario del sufragio femenino, a conmemorarse este 17 de octubre.
 
Yesenia Alamilla Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN); Verónica Domínguez Adame, de Movimiento Ciudadano (MC); Ana Lilia Hernández (ex candidata en una coalición PAN-PRD), y Reyna Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguraron que fueron violentadas por querer ocupar un cargo público, y por defender los derechos políticos de las mujeres.
 
Las entonces aspirantes participaron en el pasado proceso electoral en el que 17 entidades celebraron comicios, y se registraron 38 casos de violencia política, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
 
Frente a consejeros electorales, magistrados y gente de la política y la academia, Yesenia Alamilla, ex candidata a alcaldesa en el municipio de Reforma, Chiapas, narró las agresiones que vivió durante su campaña, y las consecuencias físicas y psicológicas.
 
En el pasado proceso en Chiapas, Alamilla Vicente relató que fue víctima de acoso por parte de Herminio Valdez Castillo, entonces candidato a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y que una de sus compañeras de planilla, de quien se omite su nombre por seguridad, fue víctima de violación sexual el pasado 27 de junio.
 
El 11 de julio de este año la entonces candidata fue golpeada por desconocidos cuando se dirigía de Reforma al vecino estado de Tabasco, hechos por los cuales presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), de la PGR, que continúa su curso.
 
A su vez, Verónica Domínguez Adame, química bióloga de profesión y militante de MC en el Estado de Guerrero, contó las agresiones que vivió luego de que su partido le negara la candidatura a una regiduría porque su esposo era regidor.
 
Domínguez Adame recibió llamadas anónimas donde le decían que la iban a “levantar” a ella y a sus hijos, y es que ella al igual que otras mujeres como Martha Botello, candidata a diputada plurinominal por el PAN, e Irma Lilia González, aspirante a alcaldesa por el mismo partido, presentaron juicios para garantizar la paridad en la asignación de curules plurinominales
 
Un caso más fue el de Ana Lilia Hernández, licenciada en Comunicación y zapoteca originaria del estado de Oaxaca, quien en 2013 participó en las elecciones como suplente de una sindicatura en la planilla de la coalición PAN-PRD.
 
Actualmente, la joven es directora de la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense en aquel estado, sin embargo desde su candidatura a síndica suplente, ella y la abanderada titular a síndica, Elizabeth Sánchez González, fueron agredidas y señaladas por ser del PRD, y una vez que obtuvieron el cargo fueron criticadas por su desempeño.
 
Hernández  es acusada de desprestigiar a Pedro Ruiz González, actual presidente municipal de Tlacolula, quien la acusa de subir a las redes sociales un oficio donde él llamó a personal de la alcaldía a asistir al informe de labores del senador Adolfo Romero, lo que –según sus palabras– es “desprestigio”.
 
Desde entonces, las calumnias contra ella han subido de todo; por ejemplo, el pasado 19 de agosto el alcalde emitió un comunicado donde la señala como responsable “de los chismes en el interior del cabildo”, y el 21 de agosto en la entrada del palacio municipal le dijo: “Voy a llegar a las últimas consecuencias, hasta matarte”.
 
La actual funcionaria aseguró que en redes sociales y entre sus compañeros circulan frases denigrantes contra ella, en las que la critican por su forma de vestir, por su apariencia y por ser soltera, e incluso teme por su vida, ya que han publicado fotos de su casa y datos personales.
 
Un testimonio más fue el de Reyna Ramírez, militante del PRD, líder magisterial e integrante de la Red por el Avance Político de las Mujeres en el estado de Guerrero, quien ha sido agredida por promover el cumplimiento de la paridad de género en cargos locales.
 
A decir de Ramírez, la violencia política por razones de género está “naturalizada” y no se ha llevado a las discusiones, pero ella y dos compañeras más la vivieron por presentar un juicio para impugnar un acuerdo sobre paridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad.
 
Las tres mujeres tuvieron reuniones con líderes de los partidos, un proceso que calificó de “hostil” porque los políticos les decían que no era el momento, ni había las condiciones para cumplir el 50 por ciento de candidaturas femeninas.
 
También les decían que ellas “querían todo y que estaban causando una dificultad”, por ello les ofrecieron una candidatura, pero después les pidieron una lista de mujeres integrantes de la Red que pudieran ser sus abanderadas, es decir, pusieron sus condiciones para postular a las mujeres.
 
Las víctimas coincidieron en la necesidad de que la violencia política de género se establezca en la ley, a fin de poder denunciarla y tener mecanismos de acceso a la justicia, pues hasta ahora hay casos que ni siquiera se consideran delitos.
 
En el seminario también participaron Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade; Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres; Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).