Una organización no gubernamental denunció que decenas de niños palestinos permanecen retenidos entre los muros de sus hogares en Jerusalén, por parte de las autoridades israelíes, sin haber sido juzgados. 

De acuerdo con la ONG Defence for Children International Palestine (DCIP), el empleo de esta medida de arresto domiciliario no está vinculado con el cumplimiento de una condena, pues los niños no tienen oficialmente cargos por ningún delito.

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Olivia Watson, responsable de incidencia política de la DCIP, explicó que estos menores son retenidos y solo los ponen en libertad si acceden a permanecer en arresto domiciliario hasta que se celebre un juicio. 

Si bien para muchos la medida dura varias semanas, hay también adolescentes que pasan meses sin poder salir de sus casas, ni siquiera para ir al colegio. Esta praxis "tiene serias consecuencias para su educación y su salud mental", denunció la organización. 

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Esta medida causa "estrés" y "tensión" en las familias porque los padres se convierten en guardianes de los hijos, que dejan el colegio y sus rutinas y ven "limitado su movimiento y socialización por periodos de tiempo en ocasiones prolongados lo que, a largo plazo, puede tener efectos psicológicos perniciosos", manifestó Watson a la agencia EFE.

La mayoría de los niños que se encuentran en esa situación, de cuyo número no existen estadísticas confiables, están acusados de "tirar piedras", acto que es contemplado dentro de las "ofensas a la seguridad" y por el cual, según la ley israelí, pueden se condenados hasta con 20 años de privación de libertad.

Bashar Jamal, también de DCIP, explicó que "sobre los menores de Jerusalén Este se aplica la ley juvenil israelí, que ofrece salvaguardas legales para los niños" pero, en el caso de los palestinos, "la Policía aplica excepciones que restringen sus derechos".

De acuerdo con la ley israelí para menores establece, entre otros aspectos, que la detención debe ser el último recurso, el interrogatorio debe ser notificado con antelación y debe celebrarse en presencia de un representante legal o un familiar adulto.

Sin embargo, en las denominadas "ofensas de seguridad", en las que se enmarca el lanzamiento de piedras, la ley permite incumplir estas condiciones.