En claves: Brasil de cara al 17 de abril
El diputado Jovair Arantes, instructor de la comisión que analiza si el Congreso le abre un juicio político con fines de destitución a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó este miércoles un informe en el que recomienda la continuidad del proceso.
El informe del relator tendrá que ser votado por los 65 miembros de la comisión especial, en una sesión prevista para el próximo lunes, y en caso de que la recomendación favorable al juicio político sea aprobada por mayoría simple, la causa será enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
Conozca el proceso de juicio contra la presidenta Dilma Rousseff
1- Para que el juicio político prospere debe contar con el apoyo de un mínimo y quórum exigido de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios), cualquiera sea el número de legisladores presentes.
2- Si estuvieran presentes los 513 diputados -sin ausencias ni abstenciones- teóricamente serían necesarios 171 votos (un tercio) para bloquear la iniciativa en caso de que el presidente de la Cámara no sufrague.
3- De superar la cámara baja, el proceso iría al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera del veredicto final.
4- El senado tendrá hasta 180 días para decidir si hay destitución o absolución para la mandataria.
5- Si se decide que la mandataria debe ser apartada del cargo se necesitaría el voto de la mitad de los 81 escaños del Senado.
6- Si se le destituye, el vicepresidente, Michel Temer, asumiría la presidencia hasta el 2018.
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El dato: Michel Temer presenta un proceso de impeachment pedido por la corte suprema.
El abogado Mariel Márley Marra, quien presentó la apertura de juicio contra Temer, se basa en fundamentos similares a los que sustentan el pedido de apertura de juicio político contra Rousseff, que sí fue acogido por el presidente de Diputados, Eduardo Cunha.
No obstante, el pedido de juicio político contra la presidenta brasileña podría verse demorado si el Supremo Tribunal Federal ordena al Congreso acoger uno de los pedidos de juicio político contra el vicepresidente.
El vicepresidente puede ser objeto de juicio político porque firmó decretos que autorizaban los pagos retrasados a los bancos públicos.
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