El equipo defensor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pondrá en marcha acciones legales si la Registraduría insiste en aplazar el referendo que decidirá su permanencia, o no, en el cargo, fijada para el venidero 2 de marzo.

Los abogados, basados en el artículo noveno de la ley 131 de 1994, denunciarán por prevaricato (apartarse de las funciones inherentes al cargo) contra las autoridades electorales.

Según esa norma no se pueden dejar transcurrir más de dos meses para realizar las votaciones, y la consulta popular fue convocada el pasado 3 de enero.

El segundo recurso, a punto de ser presentado a las instancias judiciales, es el desacato al fallo del 23 de enero del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió temporalmente la sentencia de destitución e inhabilidad durante 15 años decretada por la procuraduría contra Petro el 9 de diciembre de 2013.

Guillermo Jaramillo, quien encabeza la campaña por la consulta popular solicitará a la Registraduría distrital y nacional no aplazar los comicios porque "la falta de fondos para los preparativos del referendo" no es una excusa válida para interrumpirlos, ya que pueden ser transferidos de otros rubros.

Petro afirmó que el aplazamiento de la convocatoria no respondía en realidad a la falta de recursos sino al abrumador No a su destitución que arrojaría un referendo.

La autoridad electoral colombiana aplazó el referendo revocatorio al mandato del alcalde de Bogotá (capital colombiana), Gustavo Petro, prevista para el próximo 2 de marzo, por considerar que no hay tiempo suficiente para preparar esa consulta debido a que no se han desembolsado los recursos necesarios.

La Registraduría Nacional manifestó en su cuenta de Twitter que "por falta de recursos, votación de revocatoria del mandato en Bogotá tendrá una nueva fecha, posterior a la del 2 de marzo".