Organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos acordaron la convocatoria de una nueva huelga nacional para los primeros días del mes de mayo, cuya finalidad será exigir al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos “cumplir los acuerdos que pusieron fin al paro de 2013 y que no se han ejecutado”.

El movimiento social se reunió este lunes en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular celebrada en Bogotá y terminó con una multitudinaria marcha por las calles de la capital colombiana, en la que participaron más de 30 mil personas, según los organizadores.

Además de la convocatoria de paro nacional, también se acordó la conformación de una plataforma única para entablar negociaciones con el Ejecutivo y evitar así que sus reclamos “queden diluidos en mesas paralelas”.

"Acordamos un pliego unitario por primera vez en la historia de los movimientos sociales, es algo trascendental. También acordamos un movimiento único de negociación", declaró César Jerez, portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Un tercer acuerdo fue hacer un “llamado de urgencia” al Gobierno, al que exigen cumplir o “nos vamos al segundo tiempo del paro nacional agrario", recordando la huelga que se desarrolló entre agosto y septiembre de 2013 y que paralizó el país en protesta por los efectos negativos de los tratados de libre comercio y el abandono estatal del campo.

La agencia EFE reseñó que de concretarse la amenaza, la nueva huelga se convocaría para inicios de mayo, en plena campaña de las elecciones presidenciales que tienen como fecha prevista el 25 de ese mes en primera vuelta y el 15 de junio en segunda.

Durante el paro agrario de 2013, los campesinos y demás sectores sociales que acataron el llamado bloquearon de medio centenar de vías en trece departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela.

Estos bloqueos causaron un desabastecimiento de productos básicos en Bogotá y Medellín, las principales ciudades del país, así como en otras capitales regionales como Cúcuta, Popayán, Tunja, Florencia, Pereira o Bucaramanga.

Para poner fin a la medida, el Gobierno se comprometió a decretar salvaguardas para varios productos (patata, leche, tomates, peras, judías, guisantes, cebollas) y definir juntos cómo mejorar las líneas de crédito y proteger los productos nacionales del contrabando. Las organizaciones sociales dicen que el Ejecutivo ha incumplido.