Caso Ayotzinapa: las investigaciones que desmienten a Peña Nieto
Un informe de expertos internacionales echa por tierra la información gubernamental de que los normalistas fueron quemados en un basurero.
La supuesta incineración de cuerpos, los motivos del crimen y la responsabilidad de los policías militares y federales en el caso Ayotzinapa está en tela de juicio, tras nuevas investigaciones reveladas en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe de expertos contradice versión oficial del caso Ayotzinapa. http://t.co/npmiJRqFv6
— Fernando Camacho (@Fernando_cs79)
septiembre 8, 2015
Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que los estudiantes fueron llevados por sicarios de los narcotraficantes “Guerreros Unidos” a un basurero, donde supuestamente los asesinaron y luego los quemaron, pero el GIEI dice que no hay evidencias de que fueran calcinados en algún vertedero.
México: PGR defiende "verdad histórica" de caso Ayotzinapa. http://t.co/00a58mdnuk
— Fernando Camacho (@Fernando_cs79)
septiembre 7, 2015
"Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó", resumió el experto español Carlos Beristáin en conferencia de prensa.
Aunado a esto, un estudio independiente del investigador peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) determinó que "no existe ninguna evidencia que apoye la versión de que 43 cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula".
De acuerdo con Torero, cerca del vertedero no había ninguna cantidad de combustible para quemar ni un solo cadáver, ni siquiera un bote de gasolina.
Otro indicio que desmiente la posible incineración de los estudiantes es que no se reportaron testimonios de los residentes de las localidades cercanas al basurero, y ante una quema de tantos cuerpos, las llamas debían alcanzar una altura de siete metros y el humo unos 300 metros más, lo que llamaría la atención de toda la comunidad y hasta de los medios de comunicación.
Conozca los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos
Motivos del crimen
La versión oficial indicaba que los estudiantes pretendían entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa, y que al parecer fueron confundidos con miembros de un grupo criminal enemigo de “Guerreros Unidos” (banda de narcotraficantes).
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Pero los expertos del reciente informe niegan esta hipótesis y se inclinan por el negocio de la heroína, pues existe información de que en Iguala opera una red de tráfico de esta droga hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
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Los normalistas se subieron sin permiso a varias unidades de transporte de la central camionera esa noche del 26 de septiembre y las agresiones apuntan a que la intención era impedir que los autobuses abandonaran la ciudad, debido a que estos servían como mula para el tráfico de la heroína.
"El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque", establece el informe. Los investigadores encontraron contradicciones puesto que el expediente del caso menciona que los autobuses tomados por los estudiantes fueron cuatro, pero el testimonio de las víctimas siempre mencionó cinco.
El GIEI solicitó a la empresa transportista revisar esa unidad, sin embargo, la compañía presentó un autobús distinto. Además, las autoridades no realizaron investigaciones sobre ese autobús en particular.
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Los investigadores dicen que la versión "más consistente" de la violencia desatada contra los estudiantes, es que el hecho de tomar los autobuses por parte de los normalistas "podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en una de las unidades".
No obstante, “esta arista del caso no se ha explorado hasta ahora", aseguran los analistas. El quinto autobús del que hablan los testimonios, "podría ser un elemento clave para explicar los hechos", alega el nuevo informe.
Participación de la policía federal
Las nuevas pruebas recogidas por el GIEI demuestra que agentes de inteligencia del Ejército hicieron seguimiento a todos los pasos de los estudiantes, y que antes de su desaparición fueron detenidos por policías municipales.
#InformeGIEI descárgalo en http://t.co/F2Ki2MGDkm. Ahí encontrarás las recomendaciones para enfrentar el tema de la desaparición forzada.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA)
septiembre 8, 2015
Otras versiones apuntan que uno de los autobuses implicados en el secuestro de los normalistas había sido detenido también por estos funcionarios. Pero, misteriosamente estas líneas de la investigación no se han profundizado.
"El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (...) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (...) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes", señala el informe reciente.
¿Por qué no creerle a Peña Nieto?
A pesar de haber declarado en reiteradas oportunidades que su Gobierno está haciendo frente a las desapariciones, la verdad es otra, durante su administración Enrique Peña Nieto ha criminalizado las protestas en demanda de justicia y cambios sociales.
Su gestión tiene un récord de violencia en el país. Ni siquiera la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado de Felipe Calderón, tuvo una cuota de atrocidades similar.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40 por ciento, de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha servido para mostrar la relación entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales en México, dejando ver debilidad en la política de seguridad de un Estado que estaría encubriendo las desapariciones y crímenes de lesa humanidad.
Se puede mencionar como ejemplo la Masacre de Tlataya, en la que unas 22 personas fueron ejecutadas por efectivos del ejército mexicano el 30 de junio de 2014 . Aunado a que el 6 de enero de 2015, 19 personas fueron asesinadas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, a manos de policías federales
El 22 de mayo de 2015 policías federales irrumpieron en un rancho ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, tras detectar supuesta actividad delictiva con presencia del cártel “Jalisco Nueva Generación”. En circunstancias no del todo claras, el operativo dejó como saldo 42 presuntos delincuentes muertos y un policía federal abatido.
Lo que revela el RNPED es que la violencia está fuera de control desde Enrique Peña Nieto inició su mandato en 2012.
Todas estas nuevas pruebas abren más dudas sobre dónde estarán los cuerpos de los 43, puesto que su desaparición esconde miles de señalamientos y verdades que se pretenden enterrar junto con sus voces, sin embargo, la lucha de su familiares y un pueblo defensor de los derechos humanos mantendrá viva la llama de la investigación para que algún día se descubra la verdad y -en caso de que aparezcan sin vida-, por lo menos puedan tener el derecho a tener una sepultura digna.
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