En medio de recortes, medidas de austeridad y llamados de sacrificios al pueblo europeo, casi 120 mil millones de euros (163 mil millones de dólares) se pierden cada año en el continente debido a la corrupción, según un informe que publicado por la Comisión Europea.

"Algunos indicadores muestran que la corrupción ha crecido con la crisis. Pero precisamente la crisis demuestra la necesidad de luchar contra ella, aunque solo sea por razones económicas", señaló la comisionada de asuntos internos de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, al presentar el informe.

Bruselas no se ha atrevido a realizar su propia clasificación de países más o menos corruptos, pero sí analizado la situación de cada uno, con casos concretos de debilidades y malas prácticas en la lucha contra este fenómeno.

Los ciudadanos tienen la convicción de que el problema se agrava. En promedio, 76 por ciento de los encuestados por la Comisión Europea considera que las prácticas corruptas son políticas de todo el continente.

"La corrupción socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y el estado de derecho, daña la economía europea y priva a los poderes públicos de ingresos fiscales", afirmó Malmstrom.

Para la elaboración del estudio, la Comisión Europea encuestó a ciudadanos de los 28 países que integran la UE. En Reino Unido 64 por ciento de los habitantes coincidieron en que la corrupción impera en su país, mientras que 74 por ciento del continente europeo estuvo de acuerdo con la misma premisa.

España y Grecia son los países que más le preocupan a la Comisión en materia de corrupción. Al valorar si el nivel de corrupción ha crecido en los tres últimos años, un 77 por ciento de los españoles considera que sí.

El Eurobarómetro también atiza al sector privado. El 67 por ciento de los encuestados consideran que la corrupción es parte de la cultura empresarial.

El estudio divulgado este lunes subraya la falta de rendición de cuentas de los políticos,  los problemas en la financiación de partidos y controles internos débiles o  descoordinados. Detecta “falta de voluntad política” para dotar a los organismos de control de la independencia necesaria.