El abogado de la presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó este lunes que si no hay una acción dolosa, el juicio político es un golpe de Estado.

La Constitución de ese país establece que mientras no haya sentencia el presidente o presidenta no puede ir preso.

Ante la Cámara de Diputados, el abogado de la mandataria destacó que no se trata de un favor, es una garantía del Estado, del Gobierno.

Cardozo indicó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República. 

El abogado defensor señaló que el sistema de Gobierno de Brasil es el presidencialismo, en el que no existe el juicio político "a menos que sea una situación muy grave", un caso excepcional.

Cardozo resaltó que para que abrir un proceso de juicio político la Constitución indica que debe haber un crimen de responsabilidad del presidente que atente contra la Carta Magna. "Si no lo hay, un hecho de crimen, en el sistema de presidencialismo en un Estado democrático de derecho no se puede hacer un juicio político".

En este sentido, explicó que el texto constitucional deja claro que los actos que se toman como crímenes en torno al presidente, son actos cometidos por este directamente, es decir, que los crímenes administrativos no califican para un juicio político.

“Para que exista un crimen de repsonsabilidad hay que tipificar legalmente. No hay crimen sin previa ley o un antencedente legal, (por lo tanto esto) significa que el hecho de juicio político no se puede ejecutar sin ley previa”, detalló Cardozo.

Insistió que se necesita tener ley tipificada sobre un delito para que exista la sanción.

"Como amante de la democracia la Constitución debe ser respetada" dijo Cardozo y argumentó que  "no existe un proceso de juicio político que pueda pasar sus límites de denuncia". 

Cardozo cuestionó el hecho de que se buscan recursos retóricos para fundamentar el juicio político, al tiempo que determinó que un golpe de Estado traería la ruptura de la Constitución y dañaría al país.

“Si la Constitución se rompe no hay legitimidad interna”, dijo la defensa de la presidenta.

Reflexionó que hay que pensar en la historia, en los compromisos institucionales. Si no se replantea esto, los brasileños atravesarían graves consecuencias económicas, políticas y jurídicas.

En ese orden, este proceso tiene que tener una conceptualización previa. 

Requerimiento de nulidad del juicio político

Entre las preliminares de la defensa, Cardozo solicitó la nulidad del proceso para llevar a cabo el juicio político. Explicó que no presentan acusaciones "penales", sino jurídico-político, por eso es nulo.

"Dirán, es un proceso político, (pero) no, es un proceso diferente, es jurídico y político" reiteró Cardozo.

>> Barbosa: Acusaciones a Rousseff solo buscan derrocar su Gobierno.

Para que la interpelación avance, el plenario de la Cámara de Diputados deberá lograr el respaldo de 342 de los 513 miembros del cuerpo. Sin embargo, a juicio del sublíder de la bancada del Gobierno en esa instancia, Henrique Fontana (Partido de los Trabajadores), esto será difícil alcanzar.

Dentro del legislativo hay indicios bastante sólidos de que la oposición no conseguirá los votos necesarios para seguir adelante con el proceso, expresó el pasado viernes Fontana, poco después de que el ministro de Hacienda Nelson Barbosa y el jurista Ricardo Lodi Ribeiro expusieran sus puntos de vista ante la comisión especial.

Tras la presentación de la defensa, el Comité evaluará la decisión en un lapso de cinco días y la votación final que determinará el futuro de Rousseff,  será el 11 de abril.

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