Los aliados políticos del presidente brasileño, Michel Temer, rechazaron el jueves la denuncia por corrupción que amenaza al mandatario, que será evaluada el próximo 2 de agosto por el pleno de la Cámara de Diputados.

Un primer informe, elaborado por el diputado Sergio Zveiter, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que el propio Temer lidera, recomendaba que la denuncia fuera acogida.

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Tras dos días de intensos debates, se procedió a la votación en  la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja en donde fue rechazada la acusación por 40 votos frente a 25.

Inmediatamente, fue votado un segundo parecer que instó a negar la denuncia y fue respaldado por 41 de los miembros de la comisión, en tanto que 24 se opusieron.

Al concluir el trámite en la comisión, el caso pasará al pleno de la Cámara de Diputados, en el que serán necesarios 342 votos para autorizar a la Corte Suprema a instaurar un juicio penal contra el mandatario de facto, quien en ese caso sería suspendido de sus funciones durante 180 días y destituido si fuera hallado culpable.

El  jueves se pensaba  que el pleno podría ser convocado para mañana mismo o el próximo lunes, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció tras una reunión con los jefes de los grupos de los partidos que la votación será el 2 de agosto.

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La designación de la fecha se debe a que el Parlamento iniciará el lunes un receso que se prolongará hasta el 1 de agosto y a que, aunque se habría la posibilidad de una posible suspensión, hubo consenso para que sea mantenido.

La acusación de la Fiscalía contra Michel Temer  se fundamenta en confesiones de los directivos de la empresa cárnica JBS, que han dicho que sobornan al presidente de facto a cambio de "favores" desde 2010 y que lo siguieron haciendo desde que está en el poder.

Aunque el oficialismo mostró fuerza en la comisión, la fecha en que decidirá el pleno implica la amenaza  de que la Fiscalía presente nuevos cargos contra Temer, a quien investiga también por supuestas obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

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El Gobierno está convencido de que cuenta con al menos 260 votos en el pleno, lo cual supera los 172 que debe reunir para que la denuncia sea archivada y solo pueda ser procesada por los tribunales una vez que Temer deje el poder.