Este 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que rememora los fatídicos eventos ocurridos en 1996 en "El dorado dos Carajás", en Brasil. Allí, diecinueve campesinos que reclamaban su acceso a la tierra y a la justicia fueron asesinados. Lamentablemente el crimen sigue impune.

Ese mismo día, mientras ocurría la masacre, La Vía Campesina celebraba su Segunda Conferencia Internacional en Tlaxcala, México. Allí, campesinos de todos los países marcaron ese día en el calendario para consagrar las luchas campesinas que se libran en todo el mundo.

Este tipo de tragedias les deben su origen a las políticas neoliberales implementadas en el sector agropecuario durante la década del 90 en América Latina. Ellas fueron las que consolidaron y acentuaron la concentración en manos de terratenientes y capitalistas agrarios de los recursos productivos fundamentales: la tierra, el trabajo y el capital, así lo expresó un informe de 2005 levantado sobre el tema.

Las características de estas políticas neoliberales evidencian en la expansión de la frontera agraria y la expulsión de campesinos; en las inversiones en el sector agro por parte de capitales industriales y financieros; en la organización de la producción en base a grandes superficies y bajo un criterio capitalista y de corto plazo; así como también en el acceso a tecnología de punta en cuanto a maquinaria, agroquímicos y semillas transgénicas (modificadas genéticamente).

Estas políticas intentaron reimpulsar en el continente latinoamericano la producción agraria, pero provocaron un ambiente injusto entre el campesinado y los grandes capitales. Esto último fue lo que propició el sostenimiento de formas organizativas campesinas compuestas por pequeños productores familiares amenazados constantemente en sus posibilidades de permanencia económica y social ante las nuevas políticas económicas.

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Brasil

En Brasil, por ejemplo, se dio uno de los procesos organizativos más emblemáticos en Latinoamércia: el Movimiento de los Sin Tierra (MST), el cual dio sus primeros pasos a principios de la década de 1980. El Movimiento se definía de la siguiente manera: 

“Somos un pueblo que lucha, que sufre, que llora, que canta, que celebra con alegría cada palmo de tierra conquistada. El Movimiento de los Sin Tierra, nuestra organización, es signo de contradicción, de indignación y de rebeldía social. Es quien lanza al pueblo en cada movilización que realiza, el reto de afrontar con radicalidad esta situación de injusticia social. Golpeamos una de las bases fundamentales de la injusticia en la sociedad brasileña: el monopolio del latifundio".

La valorización de la producción familiar, de las cooperativas y de las asociaciones, así como la socialización de los bienes producidos, eran unos de sus puntos fundamentales: "Demostramos que la reforma agraria funciona y que con ella podemos combatir el hambre, la miseria y el paro. Buscamos el acceso a la educación para todos", apuntaba en un documento el MST.

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Argentina

En Argentina, por su parte, se organizó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en la década de 1990. En las conclusiones de su Primer Congreso en 1999, el Movimiento se planteaba entre sus objetivos:

1. Que las organizaciones de las bases campesinas estuvieran constituidas independientes al poder político y al poder económico. 

2. Que los dirigentes se manejaran en forma clara y transparente, así como también que no tomaran posturas autoritarias. Ellos eran líderes que debían acompañar a su gente en el proceso de formación de las organización campesina. 

3. Que se incrementara la presencia campesina ante el Estado, las instituciones y las organizaciones sociales.

4. Que se propiciara el respeto de la identidad y la cultura campesina.

"También debemos defender nuestra capacidad económica y la importancia que tenemos dentro de la sociedad. El MOCASE debe proponer y luchar por una Reforma Agraria”. (…) Debemos mostrar los peligros que supone continuar con el modelo político-económico imperante", agregaba en su informe el MOCASE.

Más recientemente, en localidad argentina de El Bolsón, a principios de 2005, el Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares identificaba al sistema capitalista como un "enemigo común" que ejercía su dominación, para favorecer a los sectores dominantes. Estas organizaciones campesinas sostenían que esta dominación se aplicaba a través de múltiples dispositivos como el Estado y sus leyes, y como las instituciones estatales y las no estatales (iglesias, ONGs, medios masivos de comunicación y el sistema educativo).

“Frente a esto, planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos. Luchamos por su recuperación y su autonomía destacando los lazos de solidaridad que se establecen entre todos los oprimidos por el sistema. A pesar de la persecución policial, la represión, la descalificación, las amenazas y la criminalización de la protesta, apostamos a la lucha por nuestro territorio para combatir a quienes nos expropian y empobrecen", expresaba el tratado de final.

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Uruguay

En Uruguay, la primera experiencia de acceso y adjudicación de tierras estatales a manos de un sindicato de asalariados rurales ocurrió hace 10 años. De allí en adelante, el conflicto en torno al acceso y la tenencia de la tierra fue desde acciones locales, territorializadas y con nuevas formas organizativas, al margen de las gremiales rurales y del movimiento obrero. Los motores de estas luchas fueron los grupos directamente involucrados en el conflicto territorial: pobladores rurales, vecinos afectados por un megaproyecto, asalariados y productores familiares.

Luego del triunfo electoral del Frente Amplio, una de las fracciones de esa coalición, la Corriente Izquierda, en el 2005 impulsó la formación de un Movimiento de Campesinos sin Tierras que reclamaba al Gobierno recién asumido una “gran reforma agraria”. 

Sin embargo, estas vías institucionales para solicitar el acceso a la tierra o el aumento de impuestos al gran capital propietario no superaron la etapa de “debates y discursos confrontativos". Tampoco generaron alguna clase de movilización que cuestionara la concentración y extranjerización de la tierra, que, cabe acotar, tiene uno de los porcentajes más altos de terrenos ocupados por grandes capitales, este es de casi un 19 por ciento.

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Perú

En Perú la crítica situación del sistema agro propició la formación del Frente de Productores Agrarios y Comunidades, constituido por trece organizaciones agropecuarias y afines. Cuando se dio el Paro Nacional Agrario de julio de 2004, el Frente planteó la creación de una plataforma “en defensa de los derechos de los productores agrarios y de las comunidades indígenas y nativas del país”.

Esta plataforma exigía:

1- Que el modelo económico neoliberal del Gobierno cambiara y que se hiciera una reestructuración general del Ministerio de Agricultura.

2- Que se priorizara la actividad agropecuaria sobre la minera y que se ofreciera seguridad jurídica a las tierras. 

3- Que ya no se implementaran políticas privatizadoras sobre el agua, no se otorgaran concesiones forestales, ni se permitieran políticas que contribuyeran con la destrucción de la biodiversidad.

4- Que se eliminara los proyectos de ley que impedían la libre movilización de las organizaciones agrarias y la sociedad civil en defensa de sus derechos.

5- Que ya no se importaran productos que compitieran con la producción nacional.

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Venezuela

En el caso de Venezuela los colectivos y frentes de campesinos destacan que ellos fueron reivindicados y visibilizados por la Revolución Bolivariana impulsada por el líder socialista Hugo Chávez Frías en 1999.

El Frente Nacional Campesino “Ernesto Che Guevara” entiende que esa política de reconocimiento de la clase campesina tuvo resonancia más allá de las fronteras venezolanas, lo que permitió que muchos movimientos sociales y campesinos de otras latitudes se activaran para reclamar sus reivindicaciones.

“Por primera vez en muchas décadas los campesinos fuimos tomados en cuenta. Quienes por los años 70 librábamos luchas contra el latifundio y sólo recibíamos de los gobiernos de la cuarta república la espalda y agresiones, fuimos incorporados con Chávez en el proceso de rescate de tierras. Se escuchó nuestra voz en la Constituyente, en la elaboración de la nueva Constitución, en la Ley de Tierras y tantos otros beneficios alcanzados por la revolución bolivariana”, resaltó José Pimentel, vocero principal del Frente.

Por su parte, Braulio Álvarez, dirigente de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ), en una ponencia sobre La Revolución Agraria y Soberanía Alimentaria en Venezuela, señaló la importancia de que el sector campesino se organice, e indicó que la Revolución Agraria creó expectativas y colocó sobre la mesa temas que antes no estaban en discusión en el país.

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Colombia

En Colombia, en 1967 nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el primer movimiento que les brindó a los campesinos la posibilidad se consolidar su nivel de organización, de adquirir su propia dinámica de poder, de reivindicar su carácter gremialista y obtener su independencia de los partidos políticos tradicionales.

Con el paso de los años, a las luchas tradicionales por la tierra y la política agrícola, se han sumado luchas para reinvidicar derechos humanos y necesidades básicas como infraestructura y servicios. Uno de sus logros fue la aprobación de la Constitución de 1991, la cual consagra muchos derechos sociales y mecanismos de participación, más un nuevo proyecto de ley de reforma agraria a través del mercado.

En el 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario, en donde participaron todas las formas organizativas relacionadas con la actividad agrícola y ganadera, incluyendo políticos y académicos interesados en el tema. Allí se redactó y promulgó el Mandato Agrario, el cual rechazaba las políticas neoliberales del Gobierno colombiano y señalaba al libre comercio como una vía directa hacia la destrucción del sector agrario colombiano.

“Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional”, indicaba el documento redactado.

En el 2014, se reconoció formalmente La Cumbre Agraria, un movimiento que reune a buena parte de los sectores campesinos de las zonas más abandonadas del país. Pese a haber nacido en marzo de 2013 a raíz del Paro Agrario, fue un año después que pudo obtener el reconocimiento como un actor político con un espacio formal para seguir negociando sus reivindicaciones con el Gobierno.

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Honduras

En Honduras, más recientemente, en abril de 2015, se organizó una jornada de lucha campesina que involucró a La Vía Campesina y a los diferentes movimientos campesinos, agrupados en La Articulación de Campesinos de Honduras (ARCAH). El objetivo era movilizarse hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la despenalización de la lucha campesina por la tierra.

En ese país, el campesinado busca accesar a una parcela de tierra para la producción de alimentos y granos básicos a través de la agricultura familiar y agroecología campesina, la cual además contribuye a combatir el calentamiento global.

Esta meta de los trabajadores del campo está amparada bajo el Código Civil del país; no obstante, el Ejecutivo ha desalojado, perseguido y apresado a campesinos e indígenas que se atreven a reclamar su acceso a la tierra.

Para ese año, en el país se contabilizaban unos 5 mil campesinos apresados, con medidas sustitutivas. Entre ellos se encontraban 700 mujeres y 11 presos en distintas cárceles, según La Vía Campesina. 

Además de estas medidas, "los cultivos y las viviendas son destruidas impunemente ocasionando miles de Lempiras en pérdidas para las familias pobres del sector campesino hondureño", agrega la organización.

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