El eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, a través de un comunicado, pidió a la Unión Europea (UE) fijar un "posicionamiento claro" sobre el "golpe blando" que se lleva en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

El comunicado fue dirigido a la alta representante de la UE, Federica Mogherini, a quien Couso transmitió su preocupación por considerar que se está desarrollando un "golpe blando" en Brasil y está siendo planificado por la oposición "que desestabiliza a la sexta economía del mundo".

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El eurodiputado, quien también es vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE), advirtió que el país latinoamericano está "atravesando la crisis política más grave de su historia reciente" después de que la Cámara de Diputados aprobara el pasado 17 de abril el "impeachment" a Rousseff, que es el primer paso para su destitución.

"Me preocupa la situación que se está viviendo en Brasil, que se acerca a un golpe blando contra una presidenta elegida democráticamente", sostiene Couso, quien consideró que la UE debe tener un posicionamiento claro ante lo que está ocurriendo, porque se está poniendo en riesgo la democracia brasileña.

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Además considera que el proceso contra Rousseff es un intento de relevo de un gobierno elegido democráticamente, y opina que "la voluntad popular está siendo atropellada por los votos de 367 diputados opositores que cuentan con el apoyo del sector empresarial, financiero y mediático".

En tanto, señaló que buena parte de esos diputados que han votado para echar a Rousseff están siendo investigados por corrupción, lo cual "es un escándalo".

"Quiero saber cuál es la postura de la UE en todo esto", insistió Couso.

Aseguró que se está interrumpiendo la normalidad institucional del país "conbase en una triquiñuela legal con una única intencionalidad política: ganar con trampas lo que no se pudo ganar en las urnas" (refiriéndose a los diputados que pretender culpar de corrupción a Dilma Rousseff).

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En contexto

Sin ningún delito tangible, como lo alega la defensa de la mandataria, pretenden enjuiciar a una Presidenta que llegó al poder con más de 50 millones de votos.

Esta semana es decisiva para Brasil, porque lo que está en juego no sólo es separar a Rousseff de su cargo, sino el destino de una nación, su democracia, sus derechos laborales, sus logros sociales y hasta la misma integración Latinoamericana. 

En los próximos días una comisión del Senado decidirá si procede el juicio político contra la presidenta de Brasil. De realizarse, Rousseff deberá separarse de su cargo por 180 días en los que será investigada.

De ser declarada culpable, la mandataria será destituida y no podrá ser reelecta por ocho años.