Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) reiteraron la determinación para abandonar las armas como parte de los temas que componen la agenda de los diálogos de paz.

El vocero Carlos Antonio Lozada manifestó a la revista Semana que “nadie puede creer que luego de consensuado un mecanismo de monitoreo y verificación vamos a jugar con eso. La propuesta nuestra es seria y consistente y no pueden quedar dudas de que vamos a dejar hasta el último fusil”.

Asimismo, precisó que hace más de un mes y medio le entregaron a la subcomisión técnica del Gobierno de Colombia la propuesta de dejación de armas "donde no queda absolutamente ninguna duda sobre lo que va a pasar con el armamento". 

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Lozada refirió que esa propuesta contempla que la totalidad de las armas van a ser dejadas en manos de un tercero, sea un grupo de países o una organización internacional, y será verificado por el componente internacional del mecanismo tripartito de monitoreo que fue pactado. 

En este sentido, explicó que primero se haría la destrucción del material explosivo e inestable, después quedaría guardado y custodiado el armamento de apoyo y de uso colectivo como ametralladoras y morteros y, en un tercer momento, ocurriría la dejación paulatina de las armas de defensa individual.

Sobre lo que queda de proceso, afirmó que ya entregaron una hoja de ruta con los hitos fundamentales a desarrollar en venideros períodos, temas que todavía están pendientes.

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En contexto

Este 23 de marzo de 2016  se esperaba la firma de la paz para el pueblo colombiano, luego del anuncio hecho hace seis meses por el presidente Santos de pactar un acuerdo con las FARC-EP en La Habana. 

El 23 de septiembre de 2015, la mesa de negociaciones de La Habana firmó un acuerdo sobre justicia, uno de los temas más complejos del proceso de paz, que en ese entonces estaba próximo a cumplir tres años.

A principios de 2016 el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, Iván Márquez y todos los voceros del grupo insurgente vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final y advirtieron a sus filas que si la paz no se firmaba en la fecha anunciada, los colombianos darían por entendido que las FARC-EP no estaban preparadas para poner fin a la guerra.

Los negociadores de paz de las FARC-EP aseguran que el alcance del acuerdo final se ha frenado por "decisiones unilaterales del Gobierno" en temas que deben ser objetos de discusión en La Habana, como por ejemplo, las zonas de concentración del grupo insurgente que fueron aprobadas solo por el Congreso, sin tomar la opinión de la organización.