La aplicación de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) aún necesita un gran impulso en el ámbito normativo a fin de tramitar y expedir las leyes indispensables en la etapa actual, afirmó el senador colombiano Iván Cepeda. 

El Congreso de Colombia aprobó normas importantes pero aún faltan algunas que constituyen la base de los pactos entre el Gobierno y las FARC- EP como las relacionadas con la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de la reforma política.

Los retrasos en las zonas transitorias de normalización donde están concentrados los antiguos combatientes, son evidentes, aseguró el senador. 

El parlamentario y reconocido defensor de derechos humanos insistió en que terminar las obras en los campamentos provisionales dentro de 14 departamentos debe ser prioridad, también comenzar a prever o diseñar cómo será el funcionamiento de dichos espacios una vez finalizado el desarme de los insurgentes. 

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El Gobierno de Colombia y las FARC-EP tendrán que llegar a un arreglo sobre la continuidad de tales escenarios o algunos de ellos más allá de ese momento, resaltó el congresista, uno de los promotores del diálogo con la insurgencia.

Existen fuerzas que persiguen la continuidad de la guerra y que han hecho innumerables esfuerzos por impedir que el proceso pacificador llegue hasta el punto en que está ahora, denunció Cepeda.

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El 24 de noviembre de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, suscribieron el tratado definitivo con el que se comprometieron a acabar los enfrentamientos y hostilidades tras más de medio siglo de confrontación entre ambas partes.

La guerra dejó cerca de 300.000 muertos, casi 7 millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 60.000 desaparecidos.