El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) publicó el pasado miércoles un artículo en el que señalaron a las empresas canadienses de controlar casi la mitad de las actividades mineras en América Latina. 

Argumentaron que las corporaciones de ese país norteamericano han invertido más de 50 mil millones de dólares en la extracción de minerales en la región, y a su vez, afirmaron que “Canadá es sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta”.

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El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se encarga de defender los derechos humanos de las comunidades, calculó que las minas bajo la tutela de las compañías canadienses acumulan unos 200 conflictos sociales, en los que alrededor de cinco empresas han incurrido en la transgresión de los derechos laborales, provocaron daños graves al medio ambiente, reprimieron acciones de manifestación y atentaron contra los derechos de los pueblos indígenas.

Para el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa que funciona en la ciudad de Toronto, en los últimos años 50 personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas en accidentes en los que están involucrados mineras canadienses. En la nota aseguraron que apenas se hicieron investigaciones sobre el caso.

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Las represalias contra los habitantes que rechazan la extracción minera, han sido perseguidos, amenazados o llevados a los tribunales tras ser acusados de realizar actos terroristas.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acciones ejercidas por las compañías canadienses contra el medio ambiente.

Describieron que las actividades mineras tienen poca vigilancia del gobierno, por lo que “han contaminado fuentes de agua potable, talado zonas boscosas y han forzado el desplazamiento de poblaciones”.

La universidad de McGill, en Montreal, determinó a través de una base de datos que contiene información en inglés sobre 85 conflictos en los que están involucrados las firmas canadienses. Tal es el caso de la empresa Sherritt International Inc en Cuba situada en la región de Moa, al oriente de la isla, que es acusada de contaminar unos 12 kilómetros del territorio costero con desechos sulfurosos. Indicaron que pese a las promesas, la zona sigue contaminada.

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