Monarquía española al banquillo de los acusados
La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos de Borbón, declarará este sábado como imputada por fraude fiscal ante un juez de Baleares (España). En este caso de corrupción que hizo temblar a la monarquía española, también está implicado su marido.
Cristina, de 48 años de edad, será interrogada por el juez de instrucción de Palma de Mallorca (este) José Castro, quien marcó un antes y un después en la democracia española al llevar por primera vez a los tribunales a un integrante del núcleo central de la familia real.
Tras meses de trabajo, el magistrado emitió el pasado 7 de enero un auto de 227 páginas en el que convocó a la infanta a declarar.
Sentada frente al retrato de su padre Juan Carlos, colgado en la pared del despacho de Castro, la menor de las hijas del rey de España deberá explicar si cooperó en los hechos que imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, antiguo medallista olímpico de balonmano, de 46 años de edad, sospechoso de haber desviado fondos públicos.
Castro atribuyó a la infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación deportiva de Urdangarín y su exsocio Diego Torres.
Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad que no fueron declarados al fisco.
Los delitos de blanqueo y evasión que se le imputan están penados con hasta seis y cinco años de prisión, respectivamente.
Desde que estalló el escándalo de corrupción Nóos, los españoles se han distanciado de la monarquía y ya no apoyan a la institución de forma mayoritaria. Por primera vez son menos del 50 por ciento.
Según las últimas encuestas, la mayoría de los ciudadanos creen que la hija del rey recibe un trato de favor. Así también opinan los partidos de la izquierda parlamentaria, que acusaron al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, de ser "la mano que mece" al fiscal del caso, Pedro Horrach, quien se opuso a la imputación de la infanta y acusó al juez Castro de estar "conspirando" contra la hija del rey.