Con motivo del Día del Trabajador, miles de ciudadanos de Portugal manifestaron este jueves en Lisboa (capital) y en las principales regiones de esta nación su rechazo a los recortes económicos, aplicados por el Gobierno y dictados por los acreedores internacionales.

"Basta de políticas de austeridad", "Hay que luchar contra los que nos roban" o "Fascismo, nunca más" fueron una de las tantas consignas de los manifestantes, que llevaban en sus manos claveles rojos, símbolo de la Revolución de Abril, que marcó el final de la dictadura salazarista en 1974.

La tradicional celebración del 1 de mayo se convirtió en una manifestación contra la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Aníbal Cavaco Silva, a cambio de los fondos otorgados por la llamada Troika (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo).

"No hay que olvidar que hace exactamente 40 años, los portugueses celebraron su primer Día de los Trabajadores en libertad", recalcó Raquel Varela, quien manifestó con sus hijos su rechazo a la Troika.

Una de las nuevas medidas económicas anunciadas este miércoles y que ha generado malestar en el pueblo luso es el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la contribución salarial a la Seguridad Social.

El líder del principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), Arménio Carlos, denunció que las nuevas medidas del Gobierno ponen en cuestión los derechos laborales y los salarios.

Carlos manifestó que la Troika "va a salir" de Portugal, pero el Gabinete "va a continuar" con los mismos recortes financieros.

"La respuesta (sindical) va a ser dura", anunció el líder de la CGTP, quien propondrá un calendario de protestas "reforzado" y no descartó la convocatoria de una huelga general.

Para alcanzar los objetivos fijados por los acreedores y llevar el déficit público al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, el Gobierno de Portugal presentó un proyecto presupuestario marcado por recortes drásticos en los salarios de los funcionarios públicos, entre un 2,5 y un 12 por ciento, y en las pensiones en un 10 por ciento.