Santos priorizará seguridad de guerrilleros y líderes sociales
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, instaló la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad establecida como parte de los acuerdos de paz de La Habana entre el Ejecutivo y las FARC-EP.
Esa agrupación será la encargada de monitorear y garantizar la seguridad de todos los líderes sociales y activistas de derechos humanos y monitorear la lucha contra las "organizaciones criminales", como denomina el gobierno a las bandas paramilitares.
El gobierno sostiene que esta comisión priorizará la protección de líderes sociales en los departamentos de Cauca, Córdoba, Antioquia y Norte de Santander, donde la Unidad Nacional de Protección tendrá más efectivos para brindarles seguridad.
"Condeno de la manera más enérgica todos los atentados de los que han sido víctimas los líderes sociales. No vamos a dejar ningún caso en la impunidad", aseguró el presidente.
La jornada de este jueves en Cauca fue muy positiva. Con garantías a líderes sociales y formalización de tierras #LaPazAvanza pic.twitter.com/uzrLjUEZc2
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 24 de febrero de 2017
Detalló que en 25 de esos asesinatos ya hay cuatro sentencias, dos casos en etapa de juicio, siete casos con órdenes de captura, 12 casos con imputaciones por autoría establecida, 50 personas privadas de la libertad y 66 personas vinculadas a esos hechos en proceso de investigación.
El Ejecutivo maneja la cifra de 74 líderes sociales asesinados pero distintas organizaciones sociales y de derechos humanos cifran en 117 las personas ultimadas durante 2016 por grupos ilegales.
Esa comisión la encabezan los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; Justicia, Jorge Londoño; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; defensor del pueblo, Carlos Negret, y el Procurador General de la Republica, Fernando Carrillo.
También formarán parte de ella altas autoridades de Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Persiguen, desaparecen y asesinan a los integrantes de movimientos sociales que denuncian la explotación, el saqueo de los recursos naturales y la contaminación que provocan las transnacionales en Colombia.