El Tribunal Supremo de El Salvador bloqueó las transferencias presupuestarias que estaban destinadas a financiar la investidura del presidente electo en los comicios del pasado 9 de marzo, Salvador Sánchez Cerén, cuya toma de posesión está programada para el venidero 1 de junio.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión, luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad contra esa financiación, aprobada el 27 de marzo pasado por el Parlamento, por 1,4 millones de dólares.

A través de un comunicado, la Sala anunció que "admite" el recurso "y suspende transferencias (...) para sufragar los gastos por el traspaso del mando presidencial en el Órgano Ejecutivo el próximo 1 de junio".

El actual mandatario, Mauricio Funes, había propuesto que los fondos para la investidura provinieran de transferencias de los ministerios de Educación, Salud, Defensa y Seguridad, según el decreto legislativo.

Días después, un grupo de abogados y representantes de una fundación privada interpusieron un recurso de nulidad ante la Corte, argumentando que esas transferencias “violan la Constitución salvadoreña”.

“La Sala adoptó la medida cautelar que consistirá en que durante la tramitación del proceso, y hasta que se emita la sentencia correspondiente de la Asamblea Legislativa, no podrá autorizar transferencias de fondos desde las partidas de gastos imprevistos", reseña el texto.

Sectores políticos de oposición rechazaron el monto destinado para la investidura, por considerarlo muy elevado. Sin embargo, Sánchez Cerén sostuvo, antes de conocerse el fallo, que el presupuesto se había reducido en un 40 por ciento, como producto de varias medidas de ahorro.

El actual vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, asumirá la Presidencia el 1 de junio, para un segundo mandato de cinco años del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).