La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció este martes la apertura del Caso 08, donde iniciará oficialmente la investigación sobre los actos criminales de lesa humanidad y de guerra contra la población civil perpetrados por Fuerzas Militares en asociación con paramilitares y terceros civiles.

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Según indicó la JEP en un comunicado, el expediente contemplará “los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019”, que no corresponden con falsos positivos, victimización de miembros de la Unión Patriótica o que estén siendo investigados en los casos territoriales.

El texto detalla que los análisis preliminares confirman la existencia de un universo de 15.710 víctimas de hechos vinculados con miembros de la fuerza pública, 56.502 asociados al paramilitarismo y 280 a otros miembros del Estado.

“Los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios, con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas, 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos”, precisó el documento de la JEP.

Asimismo, el Caso 08 se concentrará inicialmente en las cinco zonas priorizadas del Gran Magdalena, Guaviare, El Caguán y Florencia, así como Antioquia y el Magdalena Medio, al mismo tiempo, centrará sus pesquisas en los crímenes por contrainsurgencia; por intereses económicos particulares y por el control de la función territorial.

Según precisó el jurista colombiano Óscar Parra Vera, a medios locales, deberán retomarse las pruebas existentes en el sistema penal de Justicia y Paz, y volver a escuchar las declaraciones de los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso (el Mono) y Jorge Tovar Pupo (Jorge 40).

“Justicia y Paz no pudo avanzar mucho en cuanto a los terceros responsables, hizo muchas compulsas de copias. Nosotros tenemos algunos avances en ese sentido”, reconoció el magistrado.

Antiguos miembros de la Fuerza Pública también serían incluidos en las investigaciones, aunque la jurista Catalina Díaz, detalló que la JEP no da “abasto con las solicitudes para recibir las confesiones de militares que quieren reconocer sus delitos”.

Igualmente, ambos magistrados anunciaron la próxima apertura de sendos casos, uno para crímenes contra pueblos y territorios étnicos, y otro sobre violencia sexual y de género contra la comunidad de sexo diverso.