¿Cómo se encuentran los derechos humanos en Argentina?
Al conmemorarse en Argentina un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 que llevó a la instauración de la última dictadura, se hace necesario revisar el actual estado de los derechos humanos (DD.HH.) en la nación suramericana.
En este sentido, el periodista argentino Carlos Aznárez aseguró en entrevista para teleSUR que los derechos humanos en su país han presentado una involución.
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Aznárez explicó que la intención de liberar a represores de la última dictadura argentina es un claro ejemplo de la agenda de Macri en torno a los derechos humanos.
El periodista explicó que el retardo procesal en los casos a genocidas de la dictadura, la liberación de represores, la persecución y amenazas a líderes sociales y la desaparición del joven mapuche Santiago Maldonado son ejemplos de la grave situación de los DD.HH. durante la presidencia de Mauricio Macri.
Al consultarle sobre la política de Macri sobre los DD.HH, Aznárez respondió recordando una de las frases del actual presidente sobre el tema: “Hay que terminar con el curro de los derechos humanos”.
Según el periodista, el jefe de Estado argentino desconoce toda la lucha de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, al tiempo que recordó que la familia Macri estuvo ligada a la última dictadura.
La última afirmación de Aznárez da la razón de la situación de regresión de los derechos humanos en Argentina.
La familia del presidente fue beneficiada por la dictadura. El grupo Macri pasó de tener 7 empresas en 1973, a 43, en 1983, al finalizar la dictadura. En este sentido Aznárez indicó que la política económica es muy similar a la del último gobierno militar.
El responsable de Economía de Argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, fue ministro de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981.
Liberación de genocidas
El Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia argentino, envió a diferentes jueces en lo penal un listado de 1.111 presos para que estudien beneficiarlos con la libertad condicional.
La lista incluye a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad entre los que se encuentran Jorge ‘el Tigre’ Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 del mayor centro de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), condenado en reiteradas oportunidades por delitos de lesa humanidad.
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También sería beneficiado Julio Simón, alias ‘Turco Julián’, que en agosto de 2006 se convirtió en el primer represor condenado tras la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia de Vida.
Antonio Pernías, Adolfo Donda y Carlos Capdevilla, condenados también en la causa ESMA, los dos primeros a prisión perpetua y este último a 20 años también figuran en la lista.
A finales de 2017, según denunció la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Argentina, de los 1.038 represores detenidos 549 gozaban de arresto domiciliario, y solo 435 estaban recluidos en una cárcel común.
De acuerdo al informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad “a diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 500 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia”.
30.000 desaparecidos
Como parte de la política sobre derechos humanos, Mauricio Macri intentó debatir la cantidad de desaparecidos de la última dictadura.
Para el mandatario las víctimas fueron menos de diez mil, cifra muy por debajo de la cantidad de 30.000 manejada en el informe Nunca Más, que detalla los crímenes de lesa humanidad cometidos por la junta militar.
Al someter a debate los hechos de la dictadura Macri pretendía que se modificara la responsabilidad de los genocidas y la gravedad de delitos como la desaparición forzada de personas y apropiación de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Persecución y represión
La situación de la líder social Milagro Sala y demás presos de su organización Tupac Amaru, detenidos desde hace más de dos años sin tener condena firme, ha sido denunciada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de DD.HH.
La desaparición y muerte del joven mapuche Santiago Maldonado, así como el asesinato de Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad son otros de los hechos que marcan la situación de los derechos humanos en Argentina.
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A ocho meses de la muerte de Santiago el juicio no avanza en los Tribunales y uno de los sospechosos de su muerte, el gendarme Emmanuel Echazu, fue “premiado” con un ascenso.
Organizaciones y movimientos sociales han denunciado que los tarifazos, la reducción de subsidios sociales, la reforma laboral y jubilatoria son un atentado hacia los derechos humanos.
Para los defensores de DD.HH. las políticas neoliberales han puesto en peligro la vida de miles de argentinos y negado el derecho al trabajo, la alimentación, vivienda y salud digna y de calidad a gran parte de la ciudadanía.