Integrantes del Concejo Deliberante de la localidad de Humahuaca, en la provincia argentina de Jujuy (norte), denunciaron que el Poder Judicial local ordenó la detención de  22 miembros de organizaciones sociales que participaron en una marcha allí el 30 de junio pasado en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

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La denuncia fue efectuada por un grupo de integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca, quienes detallaron que el pedido de allanamiento a los domicilios y detención lo realizó el fiscal Enrique Alancay.

Este acusó a los manifestantes de delitos de suma gravedad, como sedición y privación ilegítima de la libertad, con el fin de que queden detenidos.

Por su parte, docentes y estudiantes denunciaron el ingreso ilegal de la Policía provincial a la Universidad Nacional del territorio, algo que está prohibido por la Constitución argentina.

El gobierno de Jujuy "pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  a través de un comunicado.

"Cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas", afirmó la institución en referencia a anuncios del gobernador Morales. Asimismo, explicó que con la denuncia “la fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social".

Ante esta situación, gremios, sindicatos y trabajadores agrupados en organizaciones sociales preparan movilizaciones en distintos puntos del país, aunque aún no se precisaron fechas.

Morales impulsó reformas a la Constitución provincial para, entre otros fines, entregar recursos naturales. Ello significó retrocesos en derechos básicos y desató protestas por parte de los diferentes sectores sociales que exigen su renuncia y que no avance la nueva Constitución. Vario de los manifestantes han sido víctimas de represión policial.