Tras 30 años de litigio y en cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Fiscalía General de Colombia admitió públicamente el martes la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio al partido de izquierda Unión Patriótica (UP).

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Según la sentencia de la CorteIDH, el Estado colombiano es responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura, exilios y desplazamientos a los que fueron sometidos los integrantes de la UP.

El Ministerio público colombiano refirió que al ordenar la publicación de la sentencia fechada el 27 de julio de 2022, la CorteIDH pretende que la sociedad colombiano conozca lo ocurrido a la UP, para evitar que se repita.

También representa una oportunidad para que el Estado colombiano reivindique los derechos de los integrantes y militantes de la UP, se dignifique su memoria, logre remediar las vulneraciones cometidas en su contra y fomente la cultura del respeto por el pensamiento político diferente.

Adicionalmente, se ordenó al Estado emprender un plan de reparación para las víctimas de la UP.

En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las denuncias interpuestas por familiares de víctimas y representantes legales de la UP contra el Estado colombiano, por la persecución, asesinato y desaparición forzada de sus integrantes y militantes en el marco del conflicto armado interno.

La Unión Patriótica nació del acuerdo de paz logrado en el año 1984, constituyéndose como un pilar fundamental para disminuir la violencia y el conflicto en ese entonces, convirtiéndose en una fuerza alternativa que conglomero a distintas colectividades y las unió bajo el propósito de paz y la consecución de una sociedad democrática.