La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, acusó este miércoles  a la compañía  española  del sector del petróleo y del gas Repsol de haber sostenido una política que denominó predatoria en el área energética del país sudamericano.

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“Quiero compartir algunos gráficos que demuestran la política predatoria que tuvo la multinacional Repsol en YPF desde que ésta última se desnacionalizó” publicó la vicepresidenta en la red social Twitter.

En este sentido,  mostró  gráficos que muestran  que desde que Repsol llegó a la compañía del Estado argentino, YPF, la producción de petróleo se redujo prácticamente a la mitad. Desde 1997 hasta 2011 la producción de petróleo de YPF-Repsol se redujo un 44 por ciento, a 11,3 millones de metros cúbicos, y que la empresa redujo su participación en el mercado local a un 34 por ciento, explicó la exmandataria.

Asimismo en el periodo del 2004 y 2011 la producción de gas sufrió una disminución del 38 por ciento hasta llegar a 10,6 millones de metros cúbicos  lo cual representó una pérdida en la participación equivalente al 23 por ciento es decir más de 11 puntos porcentuales.

De igual forma refirió que la falta de inversiones por parte de YPF-Repsol  condujo a una abrupta disminución en las reservas de petróleo. Desde 2001 las reservas de petróleo de YPF-Repsol se redujeron un 50 por ciento a 666 millones de barriles en 2011; y sus reservas de gas disminuyeron en más de un 55 por ciento, a 106.000 millones de metros cúbicos en igual período.

Según la exmandataria en el caso del gas la contracción en el horizonte  de reservas compromete la soberanía energética del país, y que YPF-Repsol a pesar de haber contraído  su nivel de producción logró duplicar sus ventas por el aumento de los precios.

Hizo notar que cómo la contracción  de la producción  de YPF- Repsol  se produjo  en un contexto de alta  rentabilidad de la empresa.

En 2012 con el principal objetivo de recuperar la soberanía petrolera y frenar la caída de la producción, la entonces presidenta Cristina Fernández  anunció la decisión de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la empresa, en manos de Repsol, a fin de retomar el control por parte del Estado.