La Procuraduría General de Colombia dispuso este martes la destitución e inhabilitación por 20 años de los patrulleros de la Policía Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, por haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad arbitrario e injusto y homicidio del abogado Javier Ordóñez Bermúdez.

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En el fallo dado a conocer durante una audiencia virtual, el órgano de control precisió que "sin consideración y con brutalidad", Javier Ordóñez recibió golpes contundentes de uno de los uniformados, mientras el otro se inclinaba para sujetar al abogado, mientras se encontraba en el piso y esposado. 

"Nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban", indica el documento de la Procuraduría, en el que se señala que los golpes de los patrulleros hicieron que le estallara un riñón, ocasionando así la hemorragia que terminó con su vida

Para la Procuraduría, "la conducta desplegada por los patrulleros constituye un acto contra el derecho fundamental a la vida de un ciudadano del territorio colombiano que estaba bajo su cuidado, quien debió haber recibido protección de los policiales", asegura el documento. 

El ente de control hizo alusión al video, en el que se muestra el "trato indigno" que recibió Ordóñez, "completamente fuera del contexto y la función institucional de la Policía Nacional", antes de llegar al Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.

El fallo alude a un informe del Ministerio Público, en el que quedó demostrado que tras las agresiones que dejaron a Ordóñez en un estado de indefensión absoluta, lo golpearon con patadas y puños dentro del CAI, “hasta cuando ya no se movía ni daba alguna muestra de vida”.

“Nunca recibió auxilios a pesar de que pedía ayuda. A la clínica llegó sin signos vitales”, manifiesta el texto, donde queda subrayado que el comportamiento de los patrulleros fue intencional. Además se precisa que que estos se encontraban en estado de embriaguez, sin otros tóxicos en el cuerpo. 

La Procuraduría señaló que los uniformados intentaron justificar sus actos con una supuesta riña anterior que nunca existió, por lo que han sido sancionados a 20 años de inhabilitación, tras ser destituidos de la fuerza policial.