Agentes policiales de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) arrestaron este jueves al comerciante peruano Irineo Humberto Garzón Martínez, quien continuaba en libertad pese a haber sido acusado de drogar y abusar sexualmente, el 23 de enero pasado, de una joven venezolana a la que había ofrecido empleo.

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Horas antes de la detención, la Cámara de Apelaciones, a solicitud de dos fiscales del caso, había revocado la decisión de la jueza Karina Zucconi de que el imputado continuara en libertad mientras avanza la investigación del hecho.

Inicialmente la magistrada acusó a Garzón Martínez de abuso sexual simple, decisión suya que también suscitó críticas entre la ciudadanía y autoridades, pues la policía lo había sorprendido en flagrancia. Luego lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, que prevé una pena de seis a 15 años, aunque lo dejó libre.

Al ordenar su arresto, los magistrados de la Cámara de Apelaciones tomaron en consideración, entre otras cuestiones, el "riesgo de fuga" frente a la expectativa de una elevada pena.

Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, dado a conocer el miércoles, determinó que este hecho había significado una "situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional" para la víctima.

Además, se encontraron en el imputado "rasgos perversos y una modalidad de acecho", en alusión al presunto modo en que planeó la comisión del hecho y a su inclinación a desacreditar a la víctima alegando que se trató de una relación consentida y a cambio de dinero.

Días atrás, un consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Marías, presentó ante ese órgano una denuncia contra la jueza Zucconi por "mal desempeño de sus funciones", y señaló que esta demostró un "desprecio de circunstancias objetivas" que "tornaban inviable" la libertad de Garzón Martínez.