La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció que el Gobierno de Daniel Noboa quiere destituirla y responsabilizó al mandatario de una maniobra de persecución política (lawfare), hostigamiento y maltrato para lograr aquel propósito.

LEA TAMBIÉN:

Exigen liberación de exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

En declaraciones a medios locales, Abad detalló que a través del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se inició un proceso en su contra para removerla, por presunto tráfico de influencias.

Añadió que desde diciembre de 2023 envía al Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo) un informe mensual, detallado, sobre la tarea de ser embajadora de paz entre Israel y Gaza. Se sorprendió de que Noboa parezca interesado únicamente en el correspondiente a abril. Aseguró que "seguramente no voy a pasar el examen porque no he podido declarar la paz" entre las partes.

Declaró que pidió al Presidente y sus ministros un acercamiento, del que no hay avances pues continúan las presiones, y enfatizó que no renunciará a su cargo aunque continúe sometida a lo que definió como lawfare. Valoró que el TCE también debería iniciar proceso contra Noboa, pues se trata de un binomio.

Sugirió que las presiones comenzaron con la detención de su hijo Francisco Barreiro, quien fue acusado de un presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia. Ratificó que es inocente.

Consideró que ello "fue un claro abuso de poder de fiscales y jueces". Ejemplificó que su hijo fue enviado a la prisión de máxima seguridad conocida como La Roca (Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil), adonde no han enviado a criminales altamente peligrosos, como alias Fito (José Adolfo Macías Villamar, líder del grupo terrorista Los Choneros), cuestionó.

Agregó que Barreiro tuvo que pagar 20.000 dólares para salir del penal y recordó que el amparo que le permitía pasar a régimen de libertad mientras espera juicio fue retrasado durante 20 días.

Las tensiones entre Abad y Noboa ocurren cuando este confirmó que se presentará por la reelección a los comicios de 2025. Ello supone que suspenda por un tiempo sus actividades como mandatario -no puede influir en los electores usando su cargo- y deba delegarlas en la Vicepresidencia, aunque no está claro qué ocurrirá con Abad.