Grupos de familiares denunciaron el jueves la detención arbitraria de 11 niños y adolescentes en la comunidad rural Nueva Cruzadilla, distrito de Jiquilisco, del salvadoreño departamento de Usulután, en el marco del régimen de excepción, establecido por el gobierno desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

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Acompañados por representantes del Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, señalaron que las detenciones acontecieron el pasado 11 de abril, destacando que no es la primera vez que las autoridades de seguridad detienen a niños y adolescentes en este contexto.

El miembro del comité y de las Comunidades Eclesiales de Base, Salvador Ruiz, recordó el caso de noviembre de 2022 cuando varios menores fueron arrestados durante un acto cultural y ante la presión de los pobladores fueron posteriormente liberados. "Se les está vulnerando gravemente sus derechos en el marco del régimen de excepción", lamentó Ruiz.

Erick Rivera, padre de uno de los detenidos, aseguró los jóvenes fueron arrastrados de sus casas "sin decirles los motivos", siendo acusados de pintar las paredes con señales alusivas a las pandillas, por lo que fueron procesados por “pertenecer” a organizaciones ilícitas. "Su único delito es ser jóvenes" y "han sido utilizados como chivos expiatorios", denunció Rivera.

"Desmentimos categóricamente estas acusaciones" y "denunciamos la forma cómo nuestros hijos fueron tratados. El día de la audiencia, fueron llevados encadenados y llevados al centro penal como si fueran grandes criminales", afirmó Rivera.

Ruiz reveló que "el régimen de excepción ha llegado duramente a golpear a la niñez y adolescencia" en esta zona del país. "Nosotros hemos detectado, sólo en el territorio del Bajo Lempa, 110 niños huérfanos por el régimen de excepción y ahora estos niños van a ser doblemente reprimidos", manifestó el activista.

El Salvador vive bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales para que las autoridades realicen detenciones sin órdenes, aprobado por el Congreso tras una escalada de crímenes. Las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.000 denuncias de atropellos, más de 240 muertes de detenidos y cerca de 79.900 detenciones.