El partido uruguayo Frente Amplio reiteró este domingo su convocatoria ante el Parlamento de autoridades del Ministerio de Defensa, las cuales ocultaron información solicitada por familiares de detenidos y desaparecidos en la dictadura (1973-1985), y relacionadas con actas de un tribunal militar de honor.

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Medios locales informaron que el ministro de Defensa, Javier García, al ser interpelado sobre los documentos pertenecientes al proceso del coronel retirado Armando Méndez, a quien se le imputan crímenes de lesa humanidad, respondió que los mantendría en reserva por 15 años.

El titular de esa cartera alegó que tratándose de “un tema comercial de hace 40 años”, no se requería sacar dichas actas a la luz; sin embargo una investigación realizada sostiene que también pudieran contener negocios turbios con participación de empresarios del gremio industrial que quedaron en la impunidad.

“De acuerdo a la normativa citada, corresponde disponer que la información relativa al Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban sea clasificada en su totalidad como reservada, por el plazo de 15 años contados a partir de su clasificación, acorde a lo dispuesto por el artículo 11 de Ley N° 18.381 referida”, acotó García.

Al respecto el integrante de la asociación de familiares de 197 víctimas, Nilo Patiño, denunció la intención de García de ocultar nombres y hechos constitutivos de delito.

Por su parte, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez solicitó al Ministerio de Defensa la presentación de argumentos sobre semejante decisión; al tiempo que exigió conocer la participación en dicho suceso de la Unidad de Análisis de la Información Pública (UAIP) de la Presidencia.

Además remarcó que se “convocará a las autoridades del Ministerio de Defensa al Parlamento ante la presunta comisión de abusos de autoridad en detrimento de esclarecer diferentes hechos desde el punto de vista histórico, judicial, de la memoria o la verdad”.

Ante lo cual el abogado Iván Luzardo aclaró que la ley de acceso a la información pública impide a la UAIP declarar la confidencialidad de documentos referidos a violaciones de los derechos humanos.

Mientras, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, salió en defensa de García y anunció que se reunirá con un grupo de personas que demandan la excarcelación de militares, policías y civiles condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.